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Imagínese que usted es uno de los miles de italianos, japoneses, alemanes, norteamericanos o argentinos que durante los años 90 decidió invertir en bonos argentinos, es decir, una de las tantas personas que le prestó sus ahorros al gobierno argentino de ese entonces para que pudiera financiar su gasto público a cambio de una tasa de interés. Al igual que el italiano o el argentino, en lugar de destinar su dinero a compras o gastos personales, lo habría colocado en un bono que ofrecía ventajosos intereses; mucho más que en el resto de los países de Latinoamérica.

Sin embargo, nunca hubiera podido imaginar que en el 2001 iba a sobrevenir la peor crisis económica y social del país y que el gobierno iba a declarar el default , o sea, la cesación total de los pagos de la deuda argentina, tanto con organismos internacionales (FMI o el BID), como con particulares.Un poco antes de que se declarara el default, el ministro de Economía en ese entonces, Domingo Cavallo, -hoy profesor en la Universidad de Harvard- había confiscado todos los depósitos bancarios. Es decir, los plazos fijos o cuentas corrientes de los ciudadanos argentinos que estaban guardados en distintas entidades bancarias, donde pensaban que iban a estar asegurados.

Desde diciembre de 2001 hasta hoy Argentina ha tenido 5 presidentes distintos. Recién el mes pasado, a más de 640 días de ese episodio y bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el gobierno argentino salió a proponer una solución para reestructurar parte de la abultada deuda argentina, que alcanza los 170.000 millones de dólares.

Los acreedores descontentos con la propuesta

A principios de septiembre de este año el gobierno argentino logró cerrar un acuerdo con el FMI por tres años, después de pasar por difíciles negociaciones. Lo que se firmó es una carta de intención que le brinda a la administración de Kirchner el aire suficiente para lanzar una solución a un problema postergado desde diciembre de 2001: la reestructuración de la deuda del gobierno con los acreedores privados.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Roberto Lavagna, el 22 de septiembre durante la asamblea anual del FMI que se llevó a cabo recientemente en Dubai y fue mucho más duro de lo que esperaban los analistas internacionales: en concreto se propuso devolverle a los acreedores su dinero pero con una quita global del 75%.

Aunque nadie lo crea, estamos hablando de la mayor quita de deuda de la historia. “La propuesta fue durísima y aparentemente va a seguir siéndolo. Es la mayor deuda en monto, en cantidad de bonos a reestructurar y monedas y récord en la quita propuesta. Es decir, también es la posición más dura de un país frente a su deuda”, cuenta Cynthia Moskovits, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Según el economista Marcos Ochoa, profesor de Especialización Financiera del área de postgrados de la Universidad de Belgrano, “si uno mira los parámetros internacionales en el pasado, Ecuador realizó una quita del 40 %. En otro ejemplo, Rusia determinó una reducción promedio del 26%”.

En cuanto a por qué la Argentina se animó a recortar tanto la deuda “no hay una explicación concreta”, dice Gustavo Lázzari, director de Políticas Públicas de Fundación Atlas y profesor de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Yo diría que sí hay un escenario que ayuda a que el país pueda tomar esta posición tan dura: la interna política en Estados Unidos. La administración Bush es industrialista y no tiene mucha simpatía por el FMI. De hecho el presidente norteamericano le aconsejó a Kirchner que mantuviera esa posición tajante. Además, tampoco hay muchos acreedores americanos entre los que sufrirían la poda del 75 %”.

Pero italianos, japoneses, argentinos y alemanes pusieron el grito en el cielo porque de cada dólar invertido recuperarían apenas 0,25 centavos. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos son jubilados que apostaron a los bonos argentinos para obtener un mejor rendimiento de su dinero y poder así disfrutar de su retiro con más tranquilidad.

De todas maneras, Nikola Stock, representante de los bonistas italianos, reconoció ante los medios apenas finalizó la conferencia de Lavagna que “salimos juntos o no salimos”. Es decir, al menos reconfortó la intención argentina de negociar la deuda antes que continuar con un frío silencio que inquietaba a los acreedores, quienes vienen amenazando al Estado argentino con juicios de corte internacional.

Eso no pasará en el caso de Kenneth Dart, un magnate que dirige un fondo ‘buitre’, quien ya consiguió un fallo de la corte de Nueva York y podría obtener en breve un derecho a cobrar 700 millones de dólares. Los fondos buitres manejan mucho dinero y lo invierten en títulos de mercados emergentes para ganar sus intereses.

La deuda con los bonistas privados a reestructurar alcanza los 94.302 millones de dólares. De ese monto, 87.050 está en bonos y el resto son intereses. Esa deuda había sido emitida durante los ’90 a través de 152 tipos de bonos diferentes (por ejemplo los Globales, 2012 y 2015), en 14 monedas (entre ellas el dólar, euro, yen, libra esterlina, franco suizo y pesos argentinos) y 8 jurisdicciones.

“La idea final de esta negociación es bajar el endeudamiento de la Argentina de un 130% respecto del PBI a un 80% mediante estos grandes objetivos de quita. Hay determinados bonos que quedan afuera, como los BODEN, que se irán cambiando por otros títulos”, precisa Ochoa.

El secretario de Finanzas de la Argentina, Guillermo Nielsen, explicó que los viejos bonos se canjearán por tres nuevos bonos. Sin embargo, todavía no se han brindado las precisiones sobre los plazos y tasas que tendrán esos papeles.

Hasta ahora, se ha hablado de los bonos par, que mantendrían el valor original pero tienen plazos más largos y menos intereses (rondarían los 30 años); los discount o descuento, que llevarían una quita del 75% pero se cobrarían dentro de los 10 años a una tasa más interesante que la del par; y por último los capitalizables, que tendrían descuento pero a una tasa fija más otra variable de acuerdo a cómo marche la economía argentina en lo sucesivo.

Según Ochoa, “los tenedores argentinos particulares se adherirán más a la propuesta de los bonos capitalizables porque van a apostar a que mejore la economía del país. En tanto, los extranjeros podrían preferir los discount para salir rápido de la deuda argentina porque ya lo ven como una pérdida y cualquier cosa que recuperen va a ser mejor que esperar 30 años por bonos par”.

Y agrega: “Tal vez quienes más acepten los bonos par sean las AFJP (afiliados a los fondos de jubilaciones argentinos) porque tienen tiempo para esperar. Es decir, la edad promedio de quienes aportan a las AFJP es de entre 30 y 45 años. Una persona que está cerca de los 30 años puede esperar otros 30, que son los que por Ley está obligado a aportar para poder retirarse”.

El gobierno también plantea una reducción en la cantidad de monedas en que se emitirán los bonos ya que se utilizarían sólo el dólar, el euro y el peso argentino. Incluso se reducirá la cantidad de jurisdicciones donde se encuentran anotados los viejos bonos.

Una larga negociación con los acreedores

Lo cierto es que la reingeniería de la deuda con los privados será bastante compleja y larga. Por caso, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s sostuvo que las negociaciones con los acreedores por la reestructuración de la deuda tomará mucho tiempo, incluso un tramo importante del 2004.

El próximo paso del gobierno será elegir en el mes de octubre los bancos que colocarán los nuevos bonos en el mercado, entre los que se estaría el Deutsche Bank. Para eso el equipo económico del ministerio de Economía deberá establecer cuál será la comisión para las entidades bancarias. Los economistas indican que tendrá que resultar no muy costosa para el Estado y al menos un poco tentadora para los bancos. Algunas fuentes señalaron que podrían ser de 500 millones de dólares.

En el caso de Ecuador, por ejemplo, para reestructurar su deuda el gobierno le ofreció a los bancos una suma fija a la que se le sumaba un porcentual si la entidad colocaba más de determinado porcentaje de títulos. En tanto Uruguay ofrecía una comisión del 0,4 %.

Para colocar los nuevos bonos argentinos, participarán unos 12 bancos que serán elegidos por su importancia en el mercado sin recurrir a una licitación con la idea de acelerar los plazos. Luego se elegirán 4 Bancos Organizadores Regionales, que se dedicarán a manejar las negociaciones en Asia, Norteamérica, Europa y la Argentina.

Para intentar bajar el tono de las discusiones y hablar cara a cara con los acreedores, Lavagna y Nielsen viajaron esta semana a Nueva York, donde se reunieron con bancos y acreedores. De todas maneras, otros funcionarios del gobierno argentino iniciarán el 20 de octubre una primera ronda de negociación, que incluirá visitas a Tokio, Nueva York, Milán, Zurich y Buenos Aires.

La mayoría de los bonistas son italianos (450.000), alemanes (50.000) y japoneses (30.000). A eso hay que sumarle los afiliados argentinos a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que suman 9,3 millones; además de ciudadanos que invirtieron en forma particular. Del total de los afectados, los más perjudicados han sido los argentinos, quienes tienen en sus manos el 38% de los 94.000 millones de dólares de la deuda. De ese porcentaje, un 20% corresponde a los afiliados de las AFJP.

El caso de las AFJP es el que más preocupa al gobierno argentino porque se trata de los aportes que realizaron los ciudadanos durante 9 años desde que se puso en marcha ese sistema de capitalización, de carácter privado.

La pregunta es por qué las AFJP habían invertido tanto dinero en títulos del Estado. La historia cuenta que según la Ley vigente durante los ’90 las AFJP podían colocar hasta un 50% de sus fondos en bonos públicos. Pero en el 2001 Domingo Cavallo las obligó mediante un decreto a colocar el 100% del dinero en más bonos públicos ante su necesidad de conseguir fondos frescos para financiar gastos del Estado. Luego la Argentina entró en default y el 100% de los fondos de las AFJP quedaron en cesación de pagos.

El problema es que la reestructuración de la deuda podría hacer tambalear también el sistema de aportes de previsión. Hay varias posturas al respecto: los que apuestan por que los aportes de previsión vuelvan a manos del Estado y que sólo él se encargue de las jubilaciones y pensiones; o quienes intentan mejorar el actual modelo de carácter mixto –Estado más empresas privadas-, pero incorporando algunos cambios. 

Desde la Unión de AFJP advirtieron que no se aceptará una quita tan elevada como el 75% y tienen en carpeta presentar su propio proyecto de reforma de las administradoras de jubilaciones y pensiones.

La reinserción en el circuito financiero internacional

Debido a que los pronósticos indican que las negociaciones continuarán hasta fines del año próximo, lo que se preguntan los analistas es si tanta espera perjudicará la imagen de la Argentina y hará más difícil su reinserción en el mapa mundial.

Desde el 2001, cuando se produjo la peor crisis de la Argentina, una serie de factores alejaron al país de la rueda económica mundial: la crisis social y económica que provocó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, la entrada en default y posterior confiscación y pesificación de los depósitos bancarios y la alta desocupación, entre otras causas.

Si bien la señal del gobierno actual es salir a dar la cara y proponer una opción dura para la deuda acumulada por el país, los economistas se preguntan si eso será suficiente para volver a captar la confianza de los inversores extranjeros y del resto de los países.

“Más allá del 75% de quita que se estableció, lo que hay que mirar es con qué respaldo se propuso el gobierno cumplir ese compromiso” afirma Ochoa. Para ello –añade- “el equipo del ministerio de Economía hizo determinados supuestos: una tasa de crecimiento de entre un 3 y un 4%, y un esfuerzo fiscal del 3% respecto del PBI. Con esos números, el gobierno calcula que necesita aplicar una quita del 75%. Donde yo pondría las dudas es en los otros supuestos que realizó el Estado. Por ejemplo, el hecho de dar por hechos futuros refinanciamientos para los próximos vencimientos con organismos internacionales como el BID, FMI o Banco Mundial. Otro supuesto fuerte es que en el futuro el Estado piensa que podrá capturar voluntariamente el 50% de la recaudación de las AFJP entre el 2004 y el 2018. Si todos estos supuestos no se cumplieran, todo el andamiaje planteado para reestructurar la deuda se podría caer”.

Si eso sucede, Ochoa piensa que una negociación larga podría dificultar la financiación en el exterior de las empresas argentinas que lo necesiten.

En ese sentido, Lázzari opina que “la madre del financiamiento para una empresa es la oportunidad. Cada pyme, cada empresa tendrá que buscar la manera de conseguirlo despegándose de la mala imagen que tenemos por la deuda o el dilatado problema bancario. Y el país, a nivel gubernamental, tendría que apoyar en ese sentido y aún faltan señales para que eso suceda. Vemos que Néstor Kirchner no genera amigos entre los empresarios. Muy por el contrario, los ataca y está alejado de ese sector”.

Desde otra óptica, Moskovits opina que el escenario en el que fue planteada la reestructuración de la deuda parece bastante bueno. “La economía argentina –dice la economista- está creciendo muy por encima de lo que el gobierno esperaba. Nosotros lo habíamos anunciado desde FIEL pero no muchos lo creían. Si entonces se empieza a negociar de a poco la deuda y se ajustan algunas tarifas de servicios públicos postergadas desde la privatización, la economía va a seguir creciendo y se va a entrar a un círculo virtuoso”.

Marcos Ochoa coincide con ese panorama: “Hoy la Argentina paga salarios de 100 dólares, lo cual la hace competitiva. Una vez que se elimine la incertidumbre con los mejores indicadores económicos que ya empiezan a aparecer, es probable que el país se vuelva competitivo para invertir y volver a crecer. Creo que esto va a pasar y se va a acelerar con el tiempo”.

Lo que nadie se atreve a asegurar es si en el futuro, cuando la Argentina vuelva a necesitar dinero prestado, los ahorristas argentinos o extranjeros, sean japoneses o rusos, volverán a confiar en el país. “Esto recién empieza. Las consecuencias las vamos a ver recién cuando la Argentina vuelva a necesitar financiamiento y le sea difícil obtenerlo. A nivel local, también habrá que reordenar el sistema de AFJP para que la gente vuelva a creer en que si deja sus ahorros tendrá una jubilación futura. Sino habrá que pensar que en definitiva la mejor formar de resguardar el dinero es colocarlo en ladrillos, en propiedades. Es decir, vivir de rentas como jubilado”, reflexiona Lázzari.