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Las futuras obligaciones del gobierno estadounidense son tan superiores a los ingresos esperados que para poner en orden las cuentas sería necesario incrementar permanentemente en un 66% el impuesto sobre la renta o bien la eliminación inmediata de todos los gastos federales discrecionales.

Esta es la alarmante conclusión de un informe realizado por Kent Smetters, profesor de gestión del riesgo y seguros de Wharton, y Jagadeesh Gokhale, economista de la Reserva Federal de Cleveland. Los dos sostienen que el sistema de contabilidad del gobierno es retrógrado, y ha sido incapaz de contabilizar adecuadamente los gastos futuros, como pueden ser la Seguridad Social o el seguro médico del gobierno.

En dicho informe, Fiscal and Generational Imbalances: New Budget Measures for New Priorities (Desequilibrios fiscales y generacionales: nuevas medidas presupuestarias para nuevas prioridades), estiman que el “desequilibrio fiscal” –deuda existente más el déficit futuro proyectado-, asciende a 45,47 billones de dólares, expresado en dólares de 2003. Esta cifra hace que la deuda oficial de 3,8 billones de dólares que el gobierno publica parezca insignificante. Si no se toman inmediatamente medidas para corregir tal desequilibrio, aumentará hasta alcanzar los 53,96 billones de dólares para 2008, se afirma en el informe.

“Como la actual estructura de la Seguridad Social y el seguro médico del gobierno implican ciertos gastos a largo plazo, las medidas a corto plazo -como la deuda o los déficit-, necesitan ser complementadas con medidas de largo plazo y con visión de futuro que cuantifiquen de forma explícita las obligaciones de gastos futuros en relación con los recursos disponibles para poder hacerles frente bajo la legislación en vigor”, explican los autores, añadiendo que adoptar medidas que miran hacia el pasado “infravaloran significativamente el déficit financiero al que se enfrenta el gobierno federal bajo las actuales políticas fiscales”.

El 80% del déficit público de este año –o lo que es lo mismo, 37,59 billones de dólares-, procede de gastos programados del seguro médico del gobierno, reflejando el creciente coste de estos servicios en poblaciones envejecidas, mientras que a la Seguridad Social le corresponden 7,2 billones de dólares, cerca de un 20% del seguro médico. Los desequilibrios de otros servicios públicos son relativamente insignificantes: 676.000 millones de dólares. Los recortes fiscales de la administración –en total 350.000 millones de dólares-, son muy poco relevantes en los cálculos globales, dice Smetters, a pesar de negarse a dar una cifra sobre el impacto fiscal de la rebaja.

La diferencia entre ingresos y gastos públicos podría ser aún mayor, ya que las estimaciones del seguro médico del gobierno están basadas en “supuestos bastante conservadores sobre el crecimiento del sector”, señalaba Smetters en una entrevista del 28 de mayo en el Financial Times.

En el fondo de la cuestión se encuentra el concepto de “valor presente”, el cual convierte los ingresos y gastos futuros a dólares corrientes teniendo en cuenta la inflación y descontando del valor de los dólares futuros los gastos del gobierno para cubrir sus deudas a largo plazo. Se utiliza el rendimiento medio durante los últimos 30 años de los bonos del estado. Cualquier intento de corregir los desequilibrios fiscales que no haya empleado el valor presente no está teniendo en consideración más del 90% de las obligaciones futuras, dice Smetters.

Smetters y Gokhale han calculado el valor presente del desequilibrio fiscal a perpetuidad descontando el tipo a largo plazo cada año en los dólares futuros. Por tanto, a los dólares de un futuro más lejano se les aplican mayores descuentos que a los dólares pagados o recibidos tan sólo hace uno o dos años. Después los autores sumaron los valores de los desequilibrios cada año para obtener la cifra total de déficit fiscal. Cualquier intento de cuantificar los desequilibrios gubernamentales tan sólo considerando los datos oficiales actuales de la deuda pública -sin las obligaciones e ingresos futuros-, no estaría teniendo en cuenta más del 90% del verdadero desequilibrio fiscal, dice Smetters.

Utilizar el valor presente implica que el gobierno debería conseguir 45,47 billones de dólares si desea corregir inmediatamente sus desequilibrios fiscales. Como tal posibilidad es tan sólo teórica, el gobierno tendrá que hacer recortes o incrementar sus ingresos en el futuro, de tal manera que, tras el descuento, el desequilibrio fiscal expresado en dólares de hoy desaparezca.

Para subrayar la carga de las obligaciones futuras, el nuevo método de contabilización también desglosa el déficit fiscal por generaciones que tienen Seguridad Social, seguro médico del gobierno y otros servicios proporcionados por el gobierno federal. Las cifras de la Seguridad Social muestran que las generaciones actuales y pasadas van a recibir 8,9 billones de dólares más en prestaciones de lo que han pagado o pagarán en forma de impuestos. Por el contrario, se espera que las generaciones futuras paguen 1,7 billones de dólares más en impuestos de los que recibirán en forma de prestaciones, lo cual contribuye en cierto modo a la reducción del déficit.

Los costes crecientes del seguro médico del gobierno

En lo que respecta al seguro médico del gobierno, la diferencia entre ingresos y gastos para las generaciones futuras –de casi 22 billones de dólares-, es superior a la de las generaciones presente y pasadas, con déficit de 15,7 billones de dólares. Este incremento para las futuras generaciones refleja el crecimiento de los costes médicos per cápita. Para eliminar el déficit del seguro médico del gobierno sería necesario un aumento de los impuestos o una reducción de los servicios hasta los 37,59 billones de dólares.

El informe reconoce que el gobierno emplea las estimaciones para 75 años del déficit de la Seguridad Social y el seguro médico, pero afirma que incluso estos resultados infravaloran el déficit fiscal y por tanto conducen al desarrollo de políticas que continúan centrándose en medidas retrógradas. Las tablas con presupuestos para cinco y 10 años elaboradas por la Office of Managament and Budget y la imparcial Congressional Budget Office no han sido elaboradas empleando el valor presente, señala el informe.

Smetters y Gokhale también examinan un horizonte de 75 años, un periodo aproximadamente equivalente a la longevidad humana, y llegan a la conclusión de que el déficit fiscal tiene un valor de 2003 de 17,1 billones de dólares para todo ese periodo.

En opinión de Richard Kogan, miembro senior del Center for Budget and Policiy Priorities -un foro de reflexión liberal de Washington-, gracias a los supuestos a largo plazo empleados sobre gastos en el seguro médico del gobierno, dichas proyecciones para 75 años son más convincentes que la contabilización perpetua.

Kogan cuestiona la existencia de déficit para el seguro médico del gobierno, ya que aún se desconocen los futuros avances en la tecnología médica, avances que podrían modificar significativamente las estimaciones del gasto en el seguro médico. “Realmente no sabemos cuales serán los costes del seguro médico del gobierno dentro de 30 o 40 años, y desde luego tampoco dentro de 75. Las cosas podrían ser mucho peor, o muchísimo mejor”.

Un déficit fiscal de 17 billones de dólares podría representar un 3,3% del PIB de los próximos 75 años, según la cifras de la Social Security Administration. Y si el gobierno persiguiese la eliminación del déficit, podría conseguirlo con un incremento generalizado de los impuestos del 20%, un aumento significativo pero no inverosímil, sostiene Kogan.

Y por lo que respecta a las enormes y perpetuas cifras que han sido objeto de tanta atención, es posible que en el fondo no sean tan impresionantes, dice Kogan. “Los cálculos infinitos del valor presente a menudo obtienen como resultado cifras exorbitantes”.

¿Interferencia política?

Smetters exponía su caso el pasado marzo ante el House Judiciary Committee, en una audiencia para enmendar de la Constitución respecto a temas de equilibrio presupuestario. Para ilustrar la magnitud del problema, afirmaba que el desequilibrio podría corregirse con un incremento de más del doble -hasta llegar al 16,3%-, del impuesto sobre los salarios de los trabajadores, el cual sirve para pagar la Seguridad Social y el seguro médico del gobierno. Tal medida tendría que dar comienzo en 2004 y con carácter permanente. Esperar hasta 2008 para promulgar tal medida significaría un aumento de 17,4 puntos porcentuales para conseguir el mismo resultado, decía.

La alternativa sería que el gobierno considerase la posibilidad de poner los servicios públicos que no perteneciesen al seguro médico o la Seguridad Social. Un gesto tan dramático implicaría recortes en seguridad nacional, agricultura, comercio, educación o carreteras, pero incluso así no se solucionaría completamente el problema, ya que el déficit presupuestario sería de 3,2 billones de dólares. “Poner fin para siempre a la mitad de los servicios públicos no es suficiente para que la política fiscal estadounidenses sea sostenible”, afirmaba Smetters frente al comité.

Tales medidas no fueron tenidas en cuenta como recomendaciones, ya que probablemente causarían enormes perjuicios económicos, decía Smetters durante sus declaraciones, sino como hechos ilustrativos de la magnitud del problema.

En principio el informe fue escrito con fines internos para el antiguo secretario del Tesoro Paul O´Neill, cuando Smetters era secretario ayudante suplente para política económica en el Tesoro y Gokhale consultor.

En una entrevista con Universia-Knowledge@Wharton, Smetters desmentía un reportaje en el Financial Times del 29 de mayo en el que se decía que la administración Bush había decidido no tener en cuenta el informe durante la elaboración del presupuesto de 2004 porque estaba intentando promocionar un plan de recortes fiscales que según los críticos incrementaría el déficit federal.

“Era para uso interno”, decía Smetters. “Se trataba de ayudar a pensar a O´Neill desde un punto de vista económico. Toda la teoría sobre la existencia de una conspiración no tiene sentido”. Así, afirmaba que de hecho la administración Bush tenía incentivos para incorporar su informe en el presupuesto, ya que mostraba que el impacto de los recortes fiscales sobre las obligaciones futuras era insignificante en comparación con el peso de la Seguridad Social y del seguro médico, pero sin embargo eligió no mencionarlo. Hay “gente en la administración bastante propensa a amañar las cuentas”, añadía sin entrar en más detalles.

Sin embargo, el candidato demócrata a la presidencia, el Senador Joseph Lieberman, sostiene que el Tesoro estaba “reprimiendo” el informe en un momento en que se esperaba que los recortes fiscales redujesen los ingresos del gobierno en un billón de dólares durante 10 años.

En una carta del 4 de junio a John Snow, secretario del Tesoro, Lieberman acusaba a la administración Bush de “revelar” las conclusiones del informe acerca del presupuesto 2004 en el último minuto, lo cual “sugiere que esta administración está intentando ocultar la verdadera naturaleza de nuestras obligaciones financieras al ciudadano americano, para así progresar en sus planes de recortes fiscales indiscriminados”. Exigía una explicación. El 12 de junio la oficina de Lieberman aún no había recibido respuesta alguna del Tesoro, explicaba Chuck Ludlam, abogado de Lieberman. 

Portavoces del Tesoro y de la Office of Management and Budget (Agencia Presupuestaria) no devolvían las llamadas telefónicas y los correos electrónicos pidiendo explicaciones. El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer fue citado por el Financial Times el 30 de mayo por haber dicho que la administración Bush estaba de acuerdo con las conclusiones del informe y preocupada por la “agobiante carga” de los déficit a largo plazo que recae sobre los contribuyentes.

Duras decisiones

Robert Inman, profesor de finanzas y economía en Wharton, hacía eco de las reivindicaciones de Lieberman afirmando que la aparente exclusión del informe de Smetter como parte del presupuesto estaba inspirada en los planes de recortes impositivos. “El Financial Times tenía razón”, decía Inman. “Es política. Tienen entre manos este enorme recorte fiscal y saben perfectamente que nos conducirá hacia futuras subidas fiscales”.

El informe Smetters-Gokhale muestra que, dado el incremento de los gastos de la Seguridad Social y del seguro médico, consecuencia directa del envejecimiento de la población, no es posible poner en marcha recortes fiscales, decía Inman. “Mi instinto me dice que se van a tener que tomar decisiones muy duras en el gobierno federal”. Así, aplaudía el informe, que consideraba “información absolutamente esencial para elaborar presupuestos efectivos”.

El error del gobierno al no tener en cuenta de una manera adecuada las obligaciones a largo plazo refleja el rechazo del electorado a mirar más allá del corto plazo, así como cierta ingenuidad en temas de impuestos y gasto público, señalaba Olivia Mitchell, profesora de gestión de seguros y riesgo en Wharton. “Mucha gente cree que existe una cuenta bancaria en la que los contribuyentes han estado haciendo los ingresos, y que ese dinero se puede retirar en el momento en que sea necesario. No se dan cuenta de que el dinero se recauda entre los que están trabajando y va a parar directamente a los actuales jubilados”.

Mitchell, que en 2001 trabajaba para la Commission to Strengthen Social Security del presidente -una comisión bipartidaria creada para examinar las futuras obligaciones del gobierno con los pensionistas-, describía el informe Smetters-Gokhale como “un gran servicio” que permitirá a los responsables de elaborar las políticas públicas mirar más allá de un horizonte de 75 años, límite tradicionalmente utilizado en las planificaciones presupuestarias.

En sus declaraciones al House Judiciary Committee, Smetters hizo un paralelismo entre los métodos contables del gobierno y los de las corporaciones, cuyas prácticas han erosionado la confianza en los informes financieros.

“En los últimos años hemos visto como la dudosa contabilidad practicada por el sector privado ha ocultado importantes insuficiencias de cash-flow durante ciertos periodos de tiempo, que más tarde se trasformaban en enormes pérdidas para los pensionistas y otros accionistas”, decía. “Ahora el gobierno federal necesita mostrar el camino con el ejemplo, haciendo que sus propios libros también estén en orden”.