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La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, presentó el pasado 28 de enero el Plan del Gobierno para el Reforzamiento del Sector Financiero. La también vicepresidenta segunda explicó que esta medida tiene como objetivos prioritarios restaurar la confianza de los mercados en la solidez de la economía española y en la credibilidad de sus entidades financieras y facilitar la financiación de éstas, garantizando la canalización del crédito a la economía real y, con ello, el crecimiento y el empleo. La economía española cayó un 0,1% en 2010, según datos del Banco de España, y la tasa de desempleo se situó en el 20,3% a finales de ese mismo año.

En el caso de las cajas de ahorros, entidades sin ánimo de lucro y con fuerte implantación regional, tanto desde el punto de vista geográfico como del control que ejercen los poderes políticos sobre las mismas a través de sus consejos de administración, el objetivo del plan es el mantenimiento de la obra social, es decir la parte de sus beneficios que reinvierten en la sociedad a través de diferentes proyectos con carácter social. Actualmente existen 36 cajas de ahorros tras las fusiones y absorciones que se han producido en 2010, como parte de su proceso de reestructuración. Estas instituciones, marca de la casa del sistema financiero español, se vieron especialmente golpeadas por la crisis inmobiliaria de 2008.

Salgado explicó que el plan establece, con carácter inmediato, “y con el fin de despejar cualquier duda que pudieran albergar aún los inversores, un requerimiento mínimo de capital básico que adelanta los requisitos de capital establecidos en Basilea III”. Este nivel mínimo de capital básico (core capital) exigido será del 8% de los activos ponderados por riesgoy podrá ser superior para aquellas entidades que no coticen o no tengan presencia significativa de inversores privados, y que además presenten una dependencia de los mercados de financiación mayoristas, es decir, para las cajas de ahorros. La propia ministra de Economía especificó dos días después, en declaraciones a la cadena pública TVE, que el core capital que se pedirá a las cajas de ahorros se situará entre el 9% y 10%.

“No es el momento de poner tanto énfasis en la solvencia de las cajas y su nivel de capitalización”, critica Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera de IE Business School. “Hay que dedicarse más a medir su liquidez, sus niveles de riesgos de capital, sus riegos de crédito, sus riesgos de mercado... Es el momento de preocuparse más por sus activos y menos por sus pasivos”, asegura. En cualquier caso, considera que el 8% de core capital es “duplicar las expectativas más exigentes” al respecto, por lo que considera que se trata de un nivel “un poco excesivo”.

Oriol Amat Salas, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra, cree que el 8% exigido es “un porcentaje suficiente, siempre que las entidades contabilicen de forma adecuada su exposición al riesgo en el sector inmobiliario y en sus inversiones financieras”.

“En líneas generales, es bueno que se pidan a las entidades de crédito unas garantías para hacer frente a momentos difíciles”, comenta Mauro Guillén, director del Lauder Institute de Wharton. “Hay que evitar situaciones de exposición al riesgo porque está en juego el ahorro de los ciudadanos”, añade. Al mismo tiempo, considera clave tener en cuenta que el plan del Gobierno supone adelantar los objetivos de core capital de Basilea III, en donde también hay cambios respecto a los activos que se tienen en cuenta para lograr ese ratio de fortaleza. Explica que, por ejemplo, en Basilea III, las participaciones que tengan las entidades de otras empresas no contarán para medir ese core capital, sino que penalizan. “El gobierno tiene que aclarar algunos criterios para medir las exigencias de capital, si efectivamente se tendrán en cuenta las carteras industriales de las entidades financieras o no, como se establece en Basilea III”, advierte.      

El plan establece que para garantizar que las entidades alcancen ese ratio desolvencia mediante su recapitalización, y que el crédito fluya con normalidad a la economía, ese requisito deberá cumplirse con referencia al conjunto de los activos ponderados por riesgo que existan en los balances de las entidades a 31 de diciembre de 2010. Dichas entidades contarán con un plazo hasta el otoño para captar el capital necesariopara llegar al nivel requerido.

En el mes de septiembre el Banco de España determinará qué entidades mantienen necesidades de capitalización. Para garantizar el cumplimiento íntegro de los nuevos requisitos por parte de todas las entidades, el Gobierno autorizará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a habilitar apoyos temporalesmediante la adquisición de acciones ordinariasen condiciones de mercado para aquellas entidades que no cumplan con los niveles de recursos propios exigidos o para aquellas que así lo soliciten. El Estado permanecerá, en estos casos, como inversor con un horizonte temporal nunca superior a los cinco años. Para facilitar la salida del FROB de las entidades, estás deberán reestructurar sus órganos de gobierno.

El FROB es un fondo creado en junio de 2009 con capital del Estado para gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar los recursos propios de las mismas.

El Gobierno no precisó cuáles son las necesidades de capital exactas que tendrá el sistema financiero para cumplir con los nuevos requisitos, aunque aseguró que la cantidad no será superior a los 20.000 millones de euros. “Eso no quiere decir que el Frob deba aportar 20.000 millones, porque todo o parte de esa cantidad puede obtenerse en los mercados privados", puntualizó la vicepresidenta.

Valoración del plan

Romera considera acertados los cálculos del Gobierno respecto a las necesidades de capital que puede necesitar el sistema financiero español. “Es la cifra en la que nos podemos mover en los próximos meses. Es una cantidad que será acertada porque el Ejecutivo la ha aportado en base a sus previsiones”, opina.

“El importe que ha previsto el Gobierno no es muy elevado. Ojalá sea así. De hecho, el Ejecutivo hizo una estimación de recursos para el FROB que era de unos 80.000-90.000 millones de euros”, indica Amat. A pesar de sus dudas sobre el monto total que necesitará el sistema estimado por Elena Salgado, este profesor de la Universidad Pompeu Fabra cree que “en líneas generales el plan establecido es suficiente para que se produzca la reestructuración que el sistema necesita”, sobre todo, “si además va acompañado de una correcta contabilización de los deteriores producidos en las inversiones en el sector inmobiliario”.  

Las agencias de calificación crediticia Fitch y Moody's coincidieron, en sendos comunicados publicados la semana del 24 de enero para valorar las medidas, enaplaudir el plan del Gobierno para reestructurar el sistema financiero y la exigencia de que todas las entidades tenga que tener un nivel de core capital de al menos el 8 % de los activos ponderados por riesgo. Ambas consideran que representa "claramente" un paso en la dirección correcta. "Con su insistencia en mayores niveles de capital, el Gobierno aumenta la presión sobre los actuales 'propietarios' de las cajas, los gobiernos regionales, para que capten este capital o abandonen sus actuales estructuras corporativas", apunta Moody's.

Sin embargo, Fitch duda que con los nuevos requisitos se vaya a conseguir el objetivo de restaurar la confianza del mercado, ya que se ha dado hasta septiembre para que las propias entidades determinen si son capaces de elevar sus niveles de capital. Y la agencia cree que es "un periodo largo", que no parece ser un "estímulo claro" para que el sector privado inyecte fondos, "especialmente" en unas entidades en las que "hay dudas sobre la profundidad de los posibles problemas de calidad de activos".

Consecuencias para el sistema

“En los próximos meses veremos muchas cajas que empezarán a dar pérdidas para intentar lograr las exigencias impuestas. Muchas tendrán que convertirse en bancos”, prevé Romera. Al mismo tiempo, considera que el sistema de cajas no desaparecerá porque “hay muchas de esas entidades que funcionan muy bien, con una obra social magnífica que realiza una gran aportación a la sociedad española”. Como ejemplos de buena gestión este profesor del IE Business School cita a La Caixa (de Cataluña), Cajastur (de Asturias), BBK y la Kutxa (de País Vasco).

Amat cree que “habría que valorar caso por caso la situación de cada entidad para ver si será posible que cumplan con los requisitos de capital impuestos”, pero en general cree que “sí que conseguirán la financiación que necesitan, aunque es muy probable que en algún caso el Gobierno tenga que poner capital y se verá obligado a entrar en sus accionariados”. En mi opinión, "la  mayor parte de las cajas, por no decir todas, se van a convertir en bancos o al menos traspasarán toda su actividad financiera a un banco. Se reducirá el número de entidades de crédito, que en poco tiempo quedarán en una quincena y la inversión total en obra social de las cajas se va a reducir considerablemente”, prevé este catedrático.

Guillén opina que el plan establecido por el Gobierno “clarificará cuáles son las cajas bien capitalizadas y las que podrán seguir con su actividad como han hecho hasta el momento y cuáles no”, pero asegura que, en cualquier caso, las cajas se van a ver obligadas a someterse a la disciplina del mercado. “Se están haciendo muchas quinielas sobre lo que va a pasar. Hay que tener la mente abierta porque hay varias salidas posibles. Una de ellas es la entrada del Estado en el capital de las entidades que lo necesiten, pero en el caso de las cajas es probable que encuentren compradores en los bancos nacionales o incluso que llegue capital extranjero para hacerse con ellas”, declara este profesor de The Wharton School.

Algunas de estas previsiones ya se están cumpliendo. La primera caja en mover ficha para adaptarse a los nuevos tiempos ha sido La Caixa, que el pasado 27 de enero anunció su transformación en banco convirtiendo su holding cotizado en bolsa Criteria en CaixaBank, del que tendrá el 81% de las acciones, mientras que el 19% restante corresponderá a los actuales 310.000 accionistas de Criteria. La Caixa traspasará su negocio bancario a CaixaBank, que también agrupará el negocio asegurador y las participaciones en bancos internacionales y en gestoras de instituciones de inversión colectiva, así como las de la empresa de telecomunicaciones Telefónica y la energética Repsol. Mientras, La Caixa se quedará con las participaciones industriales de la energética Gas Natural, Agbar (gestión del agua), Abertis (infraestructuras) y Port Aventura (parque temático), así como las participaciones en Colonial, Metrovacesa y otros activos inmobiliarios.

La Caixa  calcula que tomando como referencia los criterios de Basilea II, CaixaBank nacerá con un 'core capital' del 10,9%. Este dato incluye que Criteria realice una emisión de bonos convertibles de hasta 1.500 millones que se colocarán a través de la red de La Caixa, entidad que seguirá siendo caja y será titular al 100% de un holding no cotizado en el que incluirá su Obra Social.

La otra entidad en mostrar sus cartas al mercado ha sido el Grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA), formado por el conjunto de cajas fusionadas que lideran Caja Madrid y Bancaja, y del que también forman parte las cajas Insular de Canarias, Laietana (Cataluña), Ávila, Segovia y Rioja. El objetivo de la operación, según explico el presidente del BFA, el ex ministro de economía Rodrigo Rato, el pasado 31 de diciembre en rueda de prensa, es contar con el suficiente nivel de capital básico, es decir, elevarlo del 7,04 % del cierre de 2010 hasta al menos el 8%, antes de otoño. De esta manera, la entidad prevé conseguir la financiación que le exige el Gobierno de los mercados privados, además de emplear sus propios recursos.

“Que el grupo financiero liderado por Caja Madrid logre alcanzar el 8% exigido dependerá mucho de cómo evolucione la economía española en los próximos meses, de los tipos de interés y también de la situación de importantes economías europeas como Francia o Alemania”, apunta Romera.

En cuanto al papel que jugarán los bancos en este proceso, el presidente de BBVA (la segunda entidad del mercado español tras el Santander), Francisco González, sorprendió el pasado 2 de febrero en una comparecencia pública para presentar los resultados anuales del grupo con unas declaraciones en las que aseguraba que "probablemente vamos a comprar cosas en España". "Claro que hay oportunidades y las tomaremos o no", apuntó González, e insistió en que en España "algo haremos" porque "habrá muchas entidades en venta".

“Pueden comprar, pero lo harán de forma muy puntual para hacerse con activos muy concretos de algunas cajas”, señala Guillén al respecto. Sin embargo, en su opinión, tanto los bancos grandes como medianos deberían apostar por la internacionalización. “La estrategia más interesante y razonable para BBVA y Santander es crecer fuera del mercado español, ganarse una mayor cuota en el mercado internacional. Los bancos medianos, como Popular o Sabadell, pueden estar interesados en comprar activos de cajas con problemas, aunque también para ellos resultaría más atractiva su expansión en el exterior”, concluye.