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Para el Presidente Barack Obama la campaña electoral de 2008 fue la parte fácil. Enfadados por la crisis financiera global, los votantes demandaban que el Gobierno federal hiciera algo para controlar a Wall Street. Y Obama prometió que así lo haría. Estados Unidos necesita “un marco regulador del siglo XXI para atajar estos problemas”, afirmaba el Presidente.

Ahora, una vez pasados cinco meses desde la toma de posesión, Obama está buscando el modo de implementar ese nuevo marco regulador. En el proceso está aprendiendo que utilizar el Gobierno federal como herramienta para cambiar el modo en que se hacen negocios en el sector financiero estadounidense es mucho más fácil en la teoría que en la práctica.

El 17 de junio comenzaron las críticas en cuando el Presidente reveló sus complejas y drásticas propuestas reguladoras financieras, las cuales proporcionarían al Consejo de la Reserva Federal más poder para regular las grandes firmas de Wall Street y al mismo tiempo crear una nueva agencia para tomar medidas duras en caso de abusos cometidos por entidades que conceden hipotecas o emiten tarjetas de crédito. Los expertos de izquierdas acusaban a la administración de ceder ante los grupos de interés de los grandes bancos y poner en marcha un plan demasiado tímido; sin embargo, la derecha se quejaba de que demasiada intervención gubernamental acabaría con la esperada recuperación económica.

Son varios los profesores de Wharton que critican el plan de 85 páginas de Obama. Por ejemplo, el profesor de Finanzas Marshall E. Blume cuestiona por qué la nueva administración se dio tanta prisa a la hora de proponer nuevas regulaciones, incluso antes de que se hiciese pública toda la información sobre el papel desempeñado por las malas prácticas y abusos del sector financiero en la recesión mundial.  

¿Por qué tanta prisa?

"Lo que deberían haber creado es un grupo o comité no partidista y examinar qué cosas fueron mal”, dice Blume, director del Rodney L. White Center for Financial Research de Wharton. "Se trataría de una comisión de académicos y profesionales de reconocido prestigio que analizaría cuidadosamente qué ocurrió y qué causó la caída. Creo que así el resultado serían regulaciones más sensatas. Algunos sostienen que el Gobierno fue en parte también culpable, pero en estas regulaciones nunca se hace mención alguna a ese tema”.

El profesor de Finanzas de Wharton Jeremy J. Siegel también cuestiona la rapidez con la que se impusieron las reformas. “¿Por qué tanta prisa? No existe peligro alguno de que sufrir otra burbuja. Las instituciones financieras van a asumir grandes riesgos en los próximos años, posiblemente en la próxima década, ya que el sobre-apalancamiento casi les destruye”. En opinión de Siegel, una reforma financiera es un asunto demasiado complejo que el Gobierno no debería intentar llevar a cabo mientras intenta simultáneamente estimular la economía, reformar el sistema sanitario y luchar en una guerra en Afganistán mientras retira las tropas de Irak. “Creo que son demasiadas cosas para el Congreso, sobre todo dadas las responsabilidades que tiene en los próximos meses”.

La administración Obama ha actuado rápido para hacer públicas sus propuestas, incluso cuando la pasada primavera el Congreso estaba actuando para crear una comisión investigadora en la línea del panel sugerido por Blume. El plan de la administración fue diseñado por un equipo liderado por el Secretario del Tesoro Timothy Geithner. Su objetivo es resolver el montón de quejas sobre el papel desempeñado por grandes firmas financieras, cuya arriesgada actividad no estuvo en ningún momento supervisada, en el desencadenamiento de la peor crisis económica que se conoce desde la Gran Depresión.

Uno de los problemas fundamentales fue la compraventa de instrumentos financieros complejos, incluyendo valores con garantía hipotecaria, que provocaron el desplome de algunos de los bancos y brokers más grandes del país cuando la burbuja inmobiliaria explotó a mediados de esta década y aumentó la tasa de impagos. Asimismo, las propuestas pretenden abordar las críticas a las generosas retribuciones y bonos que se distribuyeron en Wall Street asociados con operaciones de compraventa lucrativas, arriesgadas y de corto plazo, en lugar de premiar los resultados a largo plazo.

“Me gustan un par de cosas del plan, como, por ejemplo, que no pone límites a la innovación financiera”, dice Mauro Guillén, profesor de Gestión de Wharton y director del Lauder Institute. En opinión de Guillén, las propuestas ponen freno al sobre-apalancamiento de los bancos y empresas financieras, pero su objetivo no es prohibir otro tipo de actividades financieras. “No se prohíbe ningún producto, incluyendo derivados o préstamos titularizados, y en ningún momento se sugiere que estos productos vayan a prohibirse, aunque serán regulados con todo detalle”.

Más presencia de la Reserva Federal

Las propuestas de la Administración Obama persiguen fortalecer el papel de la Reserva Federal como principal organismo que supervise las instituciones financieras y, lo que es más importante, que evalúe los riesgos sistémicos de las conexiones entre firmas. El plan obligaría a la Reserva Federal a vigilar una mayor cantidad de empresas –como por ejemplo la gran aseguradora AIG, que desempeñó un papel clave en la desaparición de complejos instrumentos financieros-, y permitiría al Gobierno confiscar una firma financiera que estuviese poniendo en riesgo el sistema.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca está intentado atajar los problemas de los consumidores individuales proponiendo la creación de una nueva agencia que se encargue de algunos de los abusos de los sectores hipotecarios y de tarjetas de crédito. Esta nueva agencia, llamada Consumer Financial Protection Agency (Agencia para la protección financiera del consumidor) –cuyo concepto ha sido duramente criticado por firmas que proporcionan crédito a los consumidores-, no sólo regularía dichos sectores con el objeto de proteger a los consumidores, sino también obligaría a las instituciones a retener un 5% de los préstamos que originan para asegurar así que también asuman parte del riesgo.

Otros aspectos clave del plan Obama incluyen una coordinación mejorada entre las principales agencias reguladoras gubernamentales, así como nuevas regulaciones federales para los fondos de alto riesgo (hedge funds), un mayor papel para Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) y una propuesta para fundir dos agencias reguladoras ya existentes en una nueva que se llamaría National Bank Supervisor. El grueso del plan precisa diversas medidas legislativas en el Congreso que los Demócratas, que controlan ambas cámaras, esperan aprobar antes de finales de año. No obstante, los partidarios del plan deberán dar respuesta a las cada vez más numerosas críticas.

En una presentación detallada del plan Obama durante una reciente conferencia bancaria europea, Richard J. Herring, profesor de Finanzas de Wharton, declaró que en general la propuesta “es en algunas partes bastante atrevida, y en otras bastante tímida”. Así, Herring enumeró los principales problemas del sector financiero que no estarían cubiertos en la propuesta, incluyendo el fracaso a la hora de solucionar los problemas sistémicos de las agencias cuasi-federales Fannie Mae y Freddie Mac, la escasa atención prestada al papel de los fondos del mercado monetario (money market funds) y la pasividad de las agencias de cualificación que no desempeñaron su papel supervisor por un tema de conflicto de intereses. En opinión de Herring, uno de los motivos de dicha pasividad o timidez es el consolidado poder de las agencias burocráticas existentes y sus estrechas relaciones tanto con las instituciones financieras que supervisan como con los miembros del Congreso que controlan sus presupuestos.

El profesor de Finanzas de Wharton Richard Marston es bastante crítico con el plan. En su opinión, los políticos de la vieja escuela continúan evitando que la administración Obama vaya tan lejos como debiera a la hora de endurecer la supervisión reguladora. En particular, Marston está decepcionado por el hecho de que la propuesta no combine la Securites and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), tal y como muchos –incluso de la administración Bush-, habían propuesto. Según un artículo de The Wall Street Journal, la administración consideró dicha propuesta pero acabó rechazándola. Marston sugiere que el Congreso sería reacio a aprobar dicha fusión porque las agencias están supervisadas por influyentes comités del Congreso totalmente diferentes.

“Ese tipo de problema está presente en gran parte de esta legislación”, dice Marston señalando que hay muchas voces que apoyan una consolidación mucho más agresiva de los reguladores bancarios federales. El plan propone la creación de un nuevo National Bank Supervisor, que sería la combinación de dos unidades pertenecientes al Departamento del Tesoro; el Office of Thrift Supervision y el Office of the Comptroller of the Currency.

Un mayor poder de la Reserva Federal también está generando bastante controversia, en especial en el Congreso, ya que sus detractores dicen que el banco central fracasó a la hora de demostrar liderazgo o de reaccionar con rapidez en los últimos dos años, mientras se gestaba la actual crisis económica actual. Herring también señala que algunos reguladores están preocupados por esta propuesta para otorgar mayores poderes a la Reserva Federal porque creen que el uso generalizado de los dólares del banco central durante la crisis actual constituyó un medio para que la empresas eludiesen la supervisión legislativa.

La Reserva Federal respondió admirablemente ante la crisis, sostiene Marston. “El motivo principal por el que la crisis económica se ha convertido en simplemente una recesión empresarial fue la rápida respuesta de la Reserva Federal”, sostiene. “El pasado otoño eso fue lo que salvó al mundo, cuando los efectos comerciales se precipitaron y el LIBOR (tipo de interés interbancario de Londres) se volvió loco. Ahora estos mercados se han recuperado. Lo que se echó de menos durante la crisis fue cierta capacidad de las agencias reguladoras para intervenir y cerrar algunas de las grandes instituciones que causaron riesgos sistémicos”.

En opinión de Guillén, aunque no es perfecta, la Reserva Federal posiblemente sea la mejor elección para la supervisión del sector financiero debido a su independencia; el presidente de la Reserva Federal es nombrado cada cuatro años coincidiendo con las elecciones presidenciales. “Los beneficios potenciales de hacerlo a través de la Reserva Federal es que dicha institución ha sido muy autónoma e independiente”, explica. “El resto de agencias que están siendo creadas o ya existen no son capaces de soportar tanta presión”.

Blume cree que una cuestión importante es por qué se necesitan ahora tantos nuevos reguladores y regulaciones cuando en los últimos años los reguladores que existían no hicieron bien su trabajo. “Si observas a empresas como AIG, ya estaban siendo reguladas por el Gobierno –eran reguladas por el Office of Thrift Supervision-, y no funcionó. Ahora, si tenemos en cuenta que las regulaciones ya existían y que no funcionaron, nos deberíamos preguntar si otras regulaciones adicionales habrían funcionado. Podría haber un mecánico que no repare bien un coche, pero si hay 32 mecánicos y no lo hacen bien, el coche sigue sin arreglarse”.

Una mala supervisión de los reguladores existentes es un problema difícil de solucionar con la entrada de nuevos reguladores. En su presentación, Herring señalaba que “muchos problemas no necesitan nuevas leyes, simplemente el cumplimiento correcto de las leyes existentes”.

Supervisión: Compensación

Otro aspecto del plan que es importante pero ha recibido menos atención, señala Guillén, es una propuesta para reestructurar el modo de retribución de los brokers por sus operaciones de compraventa, concediendo mayor importancia a los resultados a largo plazo de los activos con los que operan. El plan Obama también concedería a la SEC el poder para bloquear las compensaciones financieras de los productos intercambiados que no vayan en el mejor de los intereses del inversor y también mejorar los requisitos de transparencia.

La versión inicial del plan está redactada usando un lenguaje muy vago en cuanto al debatido tema de las retribuciones a los ejecutivos. Sin embargo, Obama y otros expertos han identificado las exorbitantes retribuciones de algunos consejeros delegados y otros directivos financieros como una de las causas de la crisis económica. El plan simplemente dice que “los reguladores federales deberían promover estándares y pautas a seguir para que las retribuciones de los ejecutivos de las firmas financieras sean proporcionales al valor conseguido para los accionistas en el largo plazo”.

Wayne R. Guay, profesor de Contabilidad de Wharton especializado en temas retributivos, afirma que si el Congreso y los reguladores pretenden abordar el tema de las retribuciones a los ejecutivos de un modo más agresivo, deberían centrarse menos en la cuantía total de la retribución y más en si dicha retribución está asociada a operaciones arriesgadas dirigidas a proteger a determinados accionistas en detrimento de otros. “Es razonable que los reguladores y que la Casa Blanca y que los contribuyentes se aseguren de que la estructura de incentivos proporciona a los ejecutivos suficientes incentivos para maximizar el valor de las acciones, pero también para cuidar los intereses de los contribuyentes”.

Independientemente de lo que proponga el Presidente este verano y lo que piensen los expertos ahora, el producto final será el resultado de un extenuante proceso en Capitol Hill, el cual en opinión de Herring estará influenciado por la saturada agenda del Congreso así como las ambiciones de diversos jugadores clave. Por ejemplo, Herring señala que el demócrata Barney Frank, estado de Massachussets, que preside el House Financial Services Committee cree que “es fundamental hablar de herramientas para intervenir en crisis, pero no tanto de herramientas para prevenir la crisis. Sin embargo, la preocupación del también demócrata Christopher Dodd, del Senate Banking Committee, es la protección del consumidor. La nueva agencia de protección al consumidor y el panel coordinador de servicios financieros (Financial Services Oversight Panel) son algunas posibilidades muy factibles para 2009, pero en opinión de Herring, hay otros aspectos que tendrán que esperar.

“El poder del Congreso para provocar retrasos es virtualmente ilimitado, incluso cuando está controlado por un partido que ha elegido a su presidente”, añade Herring. “Con tantas prioridades el presidente deberá escoger cuidadosamente sus batallas”.