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A los ojos del mundo la economía de Chile es ejemplar y los analistas suelen hablar del modelo chileno cuando se refieren a la gestión macroeconómica de los gobiernos de la Concertación por la Democracia, la coalición de centro-izquierda que ha detentado el poder durante los últimos 15 años. Su opción por un sistema de economía de libre mercado y apertura al exterior, pero con un fuerte componente de inversión social, le ha permitido a la Concertación aumentar el ingreso per cápita de los chilenos de 6.000 a 12.000 dólares entre 1998 y 2005, además de reducir la pobreza del 40% al 18,7% de la población.

Sin embargo, esas cifras no logran ocultar una pesada carga: la distribución del ingreso de Chile se considera como una de las peores de América Latina. La desigualdad social ha sido uno de los elementos centrales de las elecciones presidenciales y parlamentarias que el domingo 11 de diciembre dejaron como ganadora parcial de la carrera por el sillón del palacio de La Moneda a la socialista Michelle Bachelet. La abanderada de la Concertación obtuvo el 46% de los votos, cifra insuficiente para alcanzar inmediatamente la Presidencia. Su adversario en la segunda vuelta –que tendrá lugar el 15 de enero- será el acaudalado empresario Sebastián Piñera, representante de la derecha moderada y más cercana al centro político, que logró el 25,5% de los votos.

El resultado de este domingo dejó como perdedores a otros dos candidatos: el economista y ex alcalde de Santiago de Chile, Joaquín Lavín, con el 23% de los sufragios y representante del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) de la derecha considerada dura; y el pequeño empresario Tomás Hirsch (5,4%), abanderado del pacto Juntos Podemos Más, coalición que integran los partidos Comunista y Humanista y otros grupos sin representación parlamentaria. Todo indica que Lavín debería traspasar sus votos a Piñera, pero todavía no está claro si Hirsch hará lo propio y llamará a sus partidarios a apoyar a la candidata socialista. Pese a esto, todos los sondeos dan como ganadora a Bachelet el próximo 15 de enero.

El perfil de los posibles presidentes

Bachelet es médico pediatra de 54 años e hija de un general de la fuerza aérea que murió torturado durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989). Entre 2000 y 2002 fue la responsable del Ministerio de Sanidad y más tarde pasó a ocuparse de la cartera de Defensa hasta octubre de 2004, cuando el actual presidente, Ricardo Lagos, la liberó del cargo para que se dedicara a la campaña por la Presidencia. Bachelet, agnóstica y madre soltera de tres hijos, es una mujer atípica en un país reconocidamente conservador, donde sólo el año pasado se logró aprobar una ley de divorcio. Peculiar también, pues además de sus especializaciones en Salud Pública y Atención Primaria, Bachelet es experta en Defensa. En 1997 fue la alumna más destacada de un curso sobre estrategia militar ofrecido por el Ejército chileno y ello le valió ser becada en el Colegio Interamericano de Defensa, en Estados Unidos, tras lo que llegó al ministerio de Defensa de su país como asesora.

Piñera, de 56 años, es el líder del partido Renovación Nacional (RN), la facción más liberal y moderada de la derecha. Este empresario introdujo en Chile el sistema de las tarjetas de crédito a comienzos de los ochenta, el primero de una serie de negocios que lo llevaría a poseer una de las mayores fortunas del país. Actualmente es dueño de la cadena de televisión Chilevisión, accionista mayoritario de la aerolínea LAN y socio en numerosas empresas con un patrimonio estimado de 1.200 millones de dólares. Está casado, es padre de cuatro hijos y proviene de una familia vinculada a la Democracia Cristiana. Graduado en la Universidad Católica de Santiago y con un master en Harvard, Piñera trabajó en la década de los setenta en el Banco Mundial y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

Cualquiera podría pensar que Bachelet o Piñera tendrán un traspaso de poder fácil. Recibirán una economía que está cerrando el año con un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) cercano al 6% de la mano de un vigoroso desempeño de la demanda interna y precios históricos del cobre, del que Chile es el principal productor mundial. El nuevo presidente gozará además de la estabilidad política y económica que ha convertido a Chile en uno de los países favoritos de los inversores en América Latina y una de las naciones con mayor apertura económica del mundo, capaz de lograr acuerdos comerciales con las mayores potencias del globo: Estados Unidos y China.

A corregir, pero no cambiar el modelo

No obstante, los dos candidatos presentaron programas que proponen efectuar lo que algunos analistas han bautizado como correcciones al modelo de economía social de mercado que aplica el Gobierno saliente de Ricardo Lagos. El objetivo es atenuar la enorme desigualdad social –el porcentaje más rico de la población se lleva el 55% de los ingresos, mientras el más pobre se reparte apenas el 4%-, reducir la pobreza aún existente y la creciente concentración económica.

“La corrección del modelo es un tema que vende bastante bien en términos electorales”, dice Héctor Martinovic, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Pero, explica, “si se trata de cambiar los fundamentos del funcionamiento de la economía de este país, yo creo que nadie, y menos Bachelet, esté dispuesto a hacer algo así”. Tanto la Concertación como la oposición de derecha, añade el académico, sugieren medidas orientadas a que, con sus mismos principios de libre mercado, el modelo logre mejores resultados. “Es decir, se trata de propuestas para hacer que el modelo funcione todavía mejor y no para cambiar los principios sobre los que está construido”, comenta.

De hecho, Bachelet se ha definido como la propuesta de continuidad de los gobiernos de la Concertación, pero al mismo tiempo del cambio. En el acto de cierre de campaña, la candidata dijo: “Más que discursos, (sus antecesores) han realizado obras y llevado al país a un nivel de desarrollo que hoy permite proyectar, en 2010, un Chile donde nadie esté condenado a vivir en la pobreza (...) Pero, también son muchos los que miran con temor el futuro, los que tienen miedo a una enfermedad, a la cesantía o a la vejez. Mi Gobierno creará una red de protección social que acompañe a los chilenos durante toda su vida y los haga mirar el porvenir con más confianza y menos incertidumbre”. Bachelet ha reconocido que existen diversos tipos de desigualdades, no sólo a nivel de ingresos –los que pretende atacar con más empleos y apoyo a las pymes-, sino también entre hombres y mujeres, y entre Santiago -la capital- y las regiones del interior del país. En los discursos de campaña, ella y el resto de los candidatos también hicieron mención a grandes inequidades en el acceso a la educación y a la salud, al igual que la discriminación socioeconómica que viven muchos chilenos.

Dante Contreras, director del departamento de Economía de la Universidad de Chile, sostuvo en una reciente columna de opinión en el periódico La Tercera que para abordar estos problemas en serio se requieren políticas de largo plazo y cambiar la distribución de oportunidades de la población y de la fuerza de trabajo. “Y esto no se logra ni con un par de medidas ni en un solo Gobierno”. Contreras sugiere dos soluciones: en primer lugar, políticas intersectoriales que sean técnicamente correctas y políticamente viables. En segundo lugar, un pacto social de largo plazo que esté por encima del Gobierno de turno y que comprometa a los distintos actores relevantes en torno a un pool de medidas. El economista de la Universidad de Chile explica que con pacto social se refiere a un compromiso del país que haga que todos sean responsables de generar el cambio y no ser meros espectadores. “Cuando la desigualdad presenta las complejidades que observamos en Chile, las políticas sociales no bastan. También vamos a necesitar un cambio de mentalidad. Muchas veces, la desigualdad de oportunidades está dada por nuestros propios prejuicios cuando discriminamos por género, comuna de origen o aspecto de una persona”.

Martinovic coincide con Contreras en que debe existir una mirada a largo plazo. Por ello apunta que cualquier cosa que se haga para cambiar estructuralmente las condiciones de desigualdad en el país va a estar ligada a la educación. “En el corto plazo el tema del desempleo siempre tiene un fuerte impacto y todo lo que se haga como política a favor de éste puede incidir en lo que corresponde a un periodo presidencial (cuatro años a partir del nuevo Gobierno que comienza en marzo de 2006). Pero cuando hablamos de un mayor número de años, (el cambio estructural) sólo se puede hacer con mejor educación”.

El economista Andrés Velasco, profesor de la Universidad de Harvard, que suena fuerte como un eventual ministro de Hacienda o Economía en caso de ser electa Bachelet, aplaude que todos los candidatos hayan asumido el tema de la desigualdad. “Eso es muy importante, porque Chile es un país desigual y eso hay que corregirlo”, comenta a Universia-Knowledge@Wharton. Sin embargo, Velasco asegura que Bachelet tiene mejores soluciones que Piñera y el respaldo de una trayectoria. “Aquí tenemos una coalición que lleva dieciséis años en el poder y que lo ha hecho bien, que ha demostrado que le puede dar estabilidad y crecimiento a Chile. No se puede decir lo mismo de la derecha. Cuando estuvo en el poder (con Pinochet) la economía se estancó, tuvimos grandes crisis en 1975 y en 1982. Por lo tanto, hay mejores propuestas y una mejor trayectoria”.

Profundizando en las soluciones, Velasco sostiene que, en un eventual Gobierno de Bachelet, se pondrá énfasis en la creación de empleo, “especialmente en el de los jóvenes y de las mujeres”. Entre las medidas, el economista destaca que el programa de Bachelet tenderá a una mayor flexibilidad laboral pero negociada con los sindicatos y que introducirá subsidios a la contratación de jóvenes de menos de 25 años. “De igual modo, se ha propuesto que el Estado pague parte de las cotizaciones previsionales de los jóvenes de modo que para los empresarios sea más atractivo contratarlos. Además, hemos hablado de fortalecer el seguro de cesantía de modo que cada persona que pierda el trabajo tenga al menos seis meses de ingresos garantizados durante los cuales pueda buscar otro empleo”.

Desde la derecha del espectro político, Piñera ha calificado la desigualdad como una "herida abierta, sangrante y dolorosa, pero que tiene solución", por lo que se ha comprometido a derrotar la pobreza en cuatro años, con un coste de 1.000 millones de dólares. También ha dicho que creará un millón de empleos, que está dispuesto a elevar la inversión de 22% a 28%, tener mayor flexibilidad laboral y mejorar las pensiones.

El sistema de pensiones en el punto de mira

En la red de protección social que ha prometido Bachelet puede tener lugar la mejora de lo que ya en el Gobierno de Lagos se observaba como una creciente debilidad del modelo chileno: las imperfecciones que ha evidenciado el sistema de administración privada de pensiones introducido en 1981. Una situación que con seguridad será seguida con sumo interés desde otras latitudes, ya que el sistema chileno de ahorro y capitalización individual ha sido adoptado por una variedad de países que van desde México hasta Kazajstán. La probable sucesora de Lagos ha prometido corregir este sistema. ¿Por qué? Su proyección es que en 2030 uno de cada dos chilenos no tendrá pensión. Para resolver esa crisis, en el segundo semestre de 2006 enviará un proyecto de ley al Congreso cuyos pilares serán: subsidiar a quienes no tienen derecho a pensión, dar pensiones asistenciales y eliminar la discriminación de la mujer. Además de garantizar la libre competencia entre las administradoras del sistema, conocidas como AFP, y eliminar la concentración de estas empresas en pocas manos. Así, la propuesta de Bachelet incluye elevar las pensiones mínimas y establecer una pensión asistencial universal, que costará 180 millones de dólares al Estado.

Por su lado, Piñera ha prometido entregar jubilaciones a las amas de casa, a través de un programa con un coste de 120 millones de dólares anuales. Consciente también de que se debe evitar la crisis previsional a la que Chile se acerca, el empresario ha propuesto mejorar los salarios, aumentar los empleos y mejorar las pensiones y jubilaciones, además de bajar los costes de administración de las AFP, que deben ser cubiertos por los afiliados.

Martinovic, de la UAI, subraya que el programa de Bachelet habla de introducir dos tipos de modificaciones al sistema de pensiones. “Una que apunta a generar mayor competencia en el sistema, lo que está perfectamente en el marco del modelo chileno de desarrollo, que está basado en la libre competencia. Por tanto, es una perfección del mismo principio”. Sin embargo, aclara el profesor, “Bachelet quiere incorporar también un componente solidario como ella lo llama, en cuanto a que parte de la capitalización individual vaya a un fondo re-distributivo para compensar desigualdades de género o de otra especie. Ese es el único cambio en las reglas del juego, lo que de igual modo ocurriría con el perfeccionamiento del seguro de desempleo”.

El cambio que se avecina en los ejes de poder

Los resultados de las elecciones del domingo fueron ampliamente vaticinados. Bachelet era la favorita de los cuatro candidatos, pero, aún así, no lo tenía fácil. La incertidumbre estaba en el acomodo final de las piezas en el tablero de la oposición de la derecha. El segundo lugar obtenido por Piñera en la primera vuelta provocará cambios muy importantes en la Alianza por Chile, el pacto que une a los partidos de la derecha UDI y RN, anticipa el profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Oscar Godoy. “Se potenciaría una Alianza tipo federación de partidos que abriría espacios a sectores del cristianismo social (hoy incluidos en la Concertación, partido de coalición de Bachelet), con un sistema flexible y con un proyecto decididamente democrático”. Según Godoy, el liderazgo de Piñera en la derecha significará la inserción plena de este sector en la democracia y su retorno a la continuidad republicana o histórica, interrumpida por el apoyo y sostén que le dio al régimen de Augusto Pinochet. El 15 de enero, fecha en la que los votantes definirán quien es el próximo presidente chileno, el académico no ve improbable una derrota de la Concertación. “La segunda vuelta es un libro abierto”, dice.

En cambio, Jaime Insunza, profesor de la Universidad ARCIS, piensa que es poco probable un escenario en que pierda la Concertación. Sin embargo, sostiene que un eventual Gobierno de Bachelet está obligado a liderar una nueva etapa. “Esta fase de desarrollo llamada neoliberal da la sensación de que ha terminado su edad dorada y que empieza a entrar en una fase crítica. Ahora, parto de la base de que las crisis son resultados de los éxitos y no de hacer las cosas mal. Sucede que surgen nuevas demandas que exigen cambios”.