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“Tengo buenas noticias, estamos solos”. Con esa irónica frase, Daniel Kaufmann, director de Gobernabilidad Global del Banco Mundial, quiere llamar la atención sobre “la mediocridad o el estancamiento” que muestra América Latina en materia de transparencia y control de la corrupción, muy lejos de los avances que han experimentado otras zonas emergentes del mundo, como Asia y Europa Oriental. El experto en desarrollo económico ha hablado con Universia-Knowledge@Wharton durante el Wharton Global Alumni Forum, celebrado por primera vez en Santiago de Chile el 1 de julio. Durante el evento, Kaufmann planteó que una buena gobernabilidad puede producir mejoras significativas en los estándares de vida de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo. Además, señaló que un escándalo de corrupción tan grave como el que está viviendo el Gobierno del presidente Lula da Silva, en Brasil, es también una oportunidad del liderazgo local para reaccionar con firmeza y demostrar la efectividad de sus instituciones.

En primer lugar, Kaufmann considera de suma importancia tener una perspectiva global sobre el reto que supone la corrupción y la falta de ética y de transparencia. “Hay que tener en claro que todos los países del mundo, incluso los mejores, enfrentan ciertos escándalos de corrupción. Por ejemplo, el año pasado Noruega vivió una grave situación con la compañía estatal petrolera. Hubo coimas de millones de millones de dólares por contratos con el medio oriente”, recuerda el economista.

Pero lo importante en estos casos, enfatiza, es la fuerza y calidad de la respuesta. La forma en que un país reacciona cuando ocurre un escándalo es clave, insiste. Para ello, recurre a otro ejemplo: hace dos semanas el Presidente de Sudáfrica (Thabo Mbeki) destituyó públicamente a su aliado y posible sucesor (el ex vicepresidente Jacob Zuma) por acusaciones de corrupción. “Desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, la imagen de esa nación mejoró debido a esa reacción institucional del liderazgo local”.

La importancia de la reacción no es un asunto nuevo en el sector corporativo, explica Kaufmann. Basta recordar el caso del medicamento Tylenol en Estados Unidos, dice, donde a raíz de un componente fallecieron siete personas. En cuestión de días –relata- el valor de las acciones de Johnson & Johnson (su fabricante) se desploman y la compañía toma medidas drásticas: se retiran todos los stocks del medicamento disponibles y la empresa comienza una revolución tecnológica con las tapas de los frascos. “Meses después, el valor de mercado de las acciones de J&J se sitúa por encima de lo que estaba antes del escándalo. Esto es una forma larga de decir que el punto principal, desde la perspectiva de los mercados, es que si ocurre una desgracia o escándalo de corrupción, primero hay que tener en cuenta si es algo más profundo o habitual y, en segundo lugar, la forma en la que se reacciona”.

La transparencia es rentable.

Según el Banco Mundial, mejores estándares de vida son de hecho el resultado de mejoras en la gobernabilidad, y no al contrario. Kaufmann dice que en esa convicción hay dos aspectos.

El primero: confrontar el mito de lo que llama los pesimistas institucionales, es decir, “aquellos académicos o expertos de instituciones que dicen que contrariamente a lo fácil y rápido que se puede cambiar lo macro: por ejemplo, bajar la hiperinflación -si tomas las medidas adecuadas lo puedes hacer en semanas-; en cambio, las transformaciones institucionales y una mejor gobernabilidad pueden tomar generaciones”. Kaufmann dice estar de acuerdo con que los cambios institucionales no pueden ocurrir en semanas, “pero lo que hemos demostrado (con el nuevo reporte de gobernabilidad del Banco Mundial) es que en periodos de seis a ocho años, sí puede haber un cambio institucional muy importante. Eso es lo que se ve con los denominados países de la nueva Europa (Oriental)”.

El segundo: lo que denominamos el dividendo del desarrollo gracias a la buena gobernabilidad. Según Kaufmann, un país de la “nueva Europa”, que mejora su control de la corrupción o su calidad del imperio de la ley, en el largo plazo puede ver incrementado su ingreso per cápita en un 300%. Desde un nivel de 5.000 dólares per capita podría llegar a 15.000 dólares. “No digo que los países de Europa Oriental triplicarán sus ingresos en 6 u 8 años, pero si siguen así lo conseguirán en el tiempo”. Un buen ejemplo de esto es Singapur, señala el economista. “Con un ingreso per capita de 25.000 dólares, en la mayoría de los indicadores sale muy bien ranqueado, excepto en voz, libertades fundamentales y competencia democrática, porque todavía es una democracia protegida. Entonces, hay que imaginarse dónde podrían estar si se enfocan en esos puntos débiles”.

Momento actual, una oportunidad

De acuerdo al último indicador de gobernabilidad del Banco Mundial, que abarca a 209 países para el periodo 1996-2004, la gran mayoría de los países de América Latina en materias como efectividad gubernamental, estado de derecho y control de la corrupción, están ubicados debajo del lugar número 100. A esas naciones, la institución les asigna colores, como el amarillo (Brasil y México) y rojo (Argentina y Venezuela, entre otros). La gran excepción es Chile (verde claro), que se ubica entre los primeros 25 lugares en control de la corrupción y en el puesto número 12 en cuanto a calidad regulatoria.

Siguiendo la nomenclatura de los colores, Kaufmann dice que potencias regionales como Brasil y México –que están en amarillo- pueden caer en la autocomplacencia y pensar, “bueno, no somos rojos”. Pero, también podrían preguntarse, “si somos una potencia mundial ¿cómo podemos llegar a ser verdes?”. Respecto a esta pregunta, el funcionario del Banco Mundial dice que el principal mensaje es ¡Despierta América Latina! “Nos estamos quedando atrás en el tren de la globalización. Mira lo que están haciendo los tigres asiáticos, Estonia o los países bálticos”.  

Desde su experiencia internacional, Kaufmann sostiene que la ventana de oportunidad para tomar medidas políticamente más difíciles, ocurre mucho más frecuentemente cuando hay una polémica muy grave en cuanto a corrupción. “Si la percepción que existe es que todo está muy bien, entonces por qué gastar capital político en convencer a los legisladores e intereses privados para tomar ciertas medidas que obviamente les pueden afectar. Pero, en periodos de escándalo, entonces es posible para el liderazgo, tanto público como privado, decir: por qué no aprovechamos esta oportunidad. Obviamente, es una observación general.

Si es el minuto (momento) o no, es un tema de cada país”.

Si de autocomplacencia se trata, el economista advierte que Chile tampoco puede darse el lujo de caer en ella pese a sus avances en materia de gobernabilidad. Ante la actual polémica por contratos adjudicados en empresas públicas a miembros de los partidos políticos de la Concertación gobernante, que se suma a lo sucedido   hace tres años –por pagos de remuneraciones adicionales a funcionarios del ministerio de Obras Públicas-, Kaufmann dice que como promedio mundial eso es irrelevante. “Ahora, si empieza a pasar algo así cada semana hay que preguntarse si hay algo más sistémico. Si es algo individualizado, obviamente hay que retirar la pequeña célula de cáncer al comienzo. Pero no se puede sostener que para los ojos de los inversionistas extranjeros, Chile se ha vuelto un país con baja gobernabilidad o corrupto”.

¿Por qué no dar mensajes mucho más generales?, se pregunta. “Chile no está mal en cuanto a corrupción, pero sí debe hacer más respecto de la transparencia. Aquí no hay coimas, pero las adjudicaciones directas (en contratos con empresas públicas) tienen que ser igual de transparentes que las del sector privado, aunque sean de bajos montos”. Siguiendo con este país, Kaufmann dice que hay que ser honestos: en este punto hay muchos países emergentes que están más avanzados que Chile. Pone el caso de México, “donde el desafío de corrupción es mucho más grande que en Chile, pero en el cual si a un solicitante se le niega acceso a información o reclama haber obtenido información parcial, en lugar de quedarse esperando, acude al recientemente creado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai)”.   “La buena noticia es que Chile está teniendo desafíos de país desarrollado. Son los mismos cuestionamientos que se plantean en Europa y Estados Unidos, pero la autocomplacencia o dormirse en los laureles sería un gran error”, advierte.

Responsabilidad compartida

No sólo se debe mirar cómo le va a los países en cuanto a corrupción, sino también lo que ocurre en el sector privado, advierte el economista. “Cuando hay un problema de ética en una adjudicación o en una contribución a alguna campaña política, ¿es sólo una debilidad del sector público? En inglés decimos takes two to tango, es decir, se necesitan dos para baliar tango. Hay una responsabilidad compartida”.

En ese respecto, Kaufmann dice que en el Banco Mundial han hecho una innovación importante. “Creo que es la única institución que lo hace, y debería haber Gobiernos y otras entidades que hagan lo mismo”. Explica que el organismo cuenta con una unidad de investigación, compuesta por más de 50 especialistas, que si detecta que en alguno de los proyectos respaldados por el banco con fondos ha habido corrupción, las empresas involucradas son puestas en listas negras que le impiden volver a solicitar subvenciones. “Sin embargo, lo más importante es que es información pública, a través de nuestra página web. Hoy están listadas más de 150 compañías de todas partes del mundo, por tanto, desde el momento en que es información pública, ninguna otra institución o empresa de reputación va a querer hacer negocios con ellos”.

Esa mayor información es el tipo de medidas que un sector corporativo moderno debería apoyar y exigir, sostiene Kaufmann. “Los grupos gremiales o cámaras de comercio deberían tener sus listas y códigos de ética. Por ejemplo, en el caso de las contribuciones a campañas políticas el sector corporativo tiene que mostrar para que esto sea transparente”. Ahora bien, añade, no es que el sector corporativo esté a favor de la transparencia y estemos sólo culpando al sector público. “Por eso he dejado muy claro que es una responsabilidad compartida. No se trata de acusarse unos a otros, sino de sentarse a la mesa y decir tenemos una responsabilidad colectiva”.