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Mientras el Gobierno y las empresas privadas se culpan mutuamente por la crisis energética que se vive en Argentina, miles de empresas de este país sufren cortes en el suministro de gas. La situación amenaza con generar pérdidas económicas por valor de 3.300 millones de dólares justo cuando el país empezaba a salir de la crisis económica que se generó en el año 2001 con la devaluación. El problema ha  traspasado las fronteras de la propia Argentina, debido a la reducción significativa de las exportaciones de gas a Chile y Uruguay.

Después de haber invertido más de 900.000 dólares en la investigación y desarrollo de una nueva línea de toallas de papel para baños públicos, la empresa argentina Valot se quedó sin gas. Este combustible es para la industria el alimento principal que le permite funcionar, sobre todo en aquellas fábricas como la del papel, donde las máquinas se estropean cuando detienen su marcha. El caso de Valot no se trata de un problema aislado del servicio de distribución sino de la punta de un iceberg. Los recientes cortes de energía a empresas en toda Argentina fueron la gota que colmó el vaso de una grave crisis energética arrastrada desde hace al menos dos años y que estalló porque la llegada del otoño genera un aumento altísimo en el consumo de gas para calentar los hogares.

Los principales perjudicados son las industrias y los usuarios residenciales, pero además hubo otras víctimas: los países vecinos como Chile y Uruguay, a los que se les recortó las exportaciones de gas. Según un informe de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, el 65% de las fábricas ya ha sufrido el corte o la merma del suministro de gas en los últimos días y, de continuar esta situación, el 96% de ellas tendría que suspender personal temporalmente. Se estima que Argentina podría perder unos 3.300 millones de dólares por los problemas de producción y se reducirían las exportaciones en 2 millones de dólares, informó la consultora Freyre & Asociados.

Después de casi dos meses desde que se conociera el problema los analistas tratan de explicar los verdaderos motivos de la crisis, mientras que el Gobierno del presidente Néstor Kirchner y las empresas de energía se acusan mutuamente. Por un lado, se habla de una falta de responsabilidad de las empresas por no haber hecho las inversiones necesarias para que el país contara con recursos y, por otro, se dice que, debido a que el Estado no ha reajustado las tarifas de los servicios públicos desde la devaluación en 2001, las empresas no han podido invertir y pierden dinero.

Para el empresario Eduardo Valot, al frente de una empresa que brinda servicios para baños públicos hace 30 años, “lo primero que tendría que haber hecho el Gobierno es revisar los contratos que se hicieron con las privatizaciones, que son todos espurios, no benefician a las dos partes y tienen intereses ocultos. A las empresas les dieron muchos beneficios y pocas responsabilidades y, encima, las pocas responsabilidades que tenían no fueron cumplidas ni monitoreadas por el Gobierno”.

Valot se refiere a la desregulación del sector energético que se llevó a cabo durante la convertibilidad, bajo la presidencia del entonces presidente Carlos Menem. Básicamente se privatizaron las empresas del Estado que brindaban los servicios de telefonía, electricidad, gas y agua.

Más tarde, cuando en 2001 Argentina vivió la mayor crisis económica de su historia que terminó en una devaluación de la moneda al pasar el valor de un dólar a tres pesos, las tarifas que las empresas privatizadas habían establecido quedaron atrasadas. Desde ese momento no se modificaron. Kirchner se comprometió según asumió el Gobierno a prohibir cualquier tipo de ajuste. “La crisis energética es una combinación de todos los factores. La combinación de la devaluación, la falta de ajuste de tarifas y el cambio reciente del Gobierno, además de los vaivenes económicos y políticos que aumentan el riesgo para las empresas, por eso paran sus inversiones”, opina Gerald McDermott, profesor de Gestión de Wharton.

Desde el punto de vista del Dr. Alberto Müller, economista del Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires, si bien es cierto que hay falta de gas no habría que descartar un aumento de precios encubierto: “Atribuimos la excusa del Gobierno a una presión por un aumento de los precios. Sobre todo porque esto se da casualmente cuando el Gobierno saca un decreto por el cual autoriza a la Secretaría de Energía a acordar un ajuste de precios con los productores de gas. No hay que descuidar el hecho de que los productores podrían estar reteniendo el gas en busca de mejorar los precios. Estas maniobras deben ser aireadas rápida y vigorosamente por el Estado, que debe aplicar regulaciones y controles. De no hacerlo, el Estado quedará necesariamente involucrado en esas maniobras”.

Más allá de la polémica, de si el Gobierno o las empresas tienen la culpa, de si realmente faltará gas y electricidad durante el invierno, también se sumaron problemas ajenos a la planificación y que responden a factores naturales. La escasez de lluvias estivales mermó considerablemente la capacidad de producción de electricidad de las centrales como Yaciretá y El Chocón.

¿Soluciones?

A la pelea de quién o quiénes son los responsables de la actual crisis energética se suma la falta de soluciones concretas en el corto, mediano o largo plazo. El Gobierno de Kirchner tardó en presentar su paquete de medidas que generaron apoyos y rechazos en los distintos sectores de la sociedad con igual intensidad.

“La impresión que uno tiene es que el Gobierno corre por detrás de los acontecimientos. Por ejemplo, tardó demasiado tiempo en reajustar las tarifas. Predomina una visión de corto plazo ante la crisis”, sugiere Müller, del Plan Fénix.

Lo primero que hizo la administración pública fue conseguir importaciones por 1 millón de toneladas de fuel oil desde la empresa petrolera Pdvsa de Venezuela, un combustible que puede reemplazar el gas industrial pero que es mucho más costoso y además produce más contaminación. También se acordó con Bolivia la importación de gas a un valor más caro que el que se consigue en Argentina pero con la prohibición del país fronterizo de exportar luego ese gas hacia Chile, país con el que el Gobierno boliviano mantiene una disputa por la salida al océano Pacífico.

Desde que Kirchner decidió cortarle el suministro a Chile en 4,8 millones de m3 para primar el consumo interno las relaciones bilaterales se han empañado. El 90% del consumo de gas en Chile proviene de Argentina, por eso su presidente, Ricardo Lagos, amenazó con llevar el caso a un arbitraje internacional. “Quizás el problema diplomático podría haberse manejado mejor. Las relaciones bilaterales son importantes y habría que tener un manejo cuidadoso con estas cosas. Lo que Chile no quiere hacer es depender de otro combustible como el fuel oil, que es más caro”, explica Müller.

Sucede que los que critican la tardía reacción del Gobierno frente a los acontecimientos aseguran que, si se hubiera planeado con tiempo la llegada de la crisis, las empresas podrían haberse preparado para adaptar sus máquinas a otro tipo de energía. “Yo desde el principio –relata Valor- le planteé al Gobierno que hiciera lo que hizo Brasil con sus crisis: que cada uno pusiera un tope para consumir menos y no cuando a ellos se les ocurra. Tuvimos que hacer muchos llamados y reclamos al Estado hasta que le pudimos hacer entender qué necesitábamos: parar por varios días, en vez de todos los días, porque las máquinas trabajan de manera continua para fabricar papel”.

Aunque a los hogares argentinos todavía no se les ha cortado el suministro de energía eléctrica (las plantas térmicas trabajan con gas para producir electricidad), el Gobierno ha pedido a los ciudadanos que colaboren con un plan de ahorro para que la industria pueda funcionar. Para ello se lanzó un programa de premios y castigos, una iniciativa que insta a los usuarios residenciales a bajar su consumo en un 5% (máximo 600 kilovatios/hora por bimestre) para de esta forma ser premiados con una rebaja en las tarifas. De lo contrario, pagarán un 50% más para los kilovatios usados en excedente. En el caso del gas para cocinar o el que se utiliza para la calefacción, el límite es de 1.000 m3 por año y el excedente se pagará un 40% más.

Otra de las decisiones que tomó Kirchner es crear una empresa estatal llamada Energía Argentina Sociedad Anónima, que será destinada a la exploración off shore (mar abierto) y de hidrocarburos. La propuesta fue rechazada por el sector empresario y los analistas políticos, quienes consideran que esto significa volver al pasado. Para McDermott “la idea de instalar una empresa estatal es característico de Néstor Kirchner. La historia indica que Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz, una provincia petrolera, no tenía una política desarrollista y el temor es que eso justamente no le importe, sino que piense que el Estado tenga que tener un rol clásico. Su ministro de Infraestructura, Julio de Vido, tiene la misma característica y ambos tienen problemas para elaborar una política coherente sobre los servicios públicos”.

De todos modos, el profesor de Wharton aclara que “no deberíamos tener una reacción negativa ante la idea de que el Estado intervenga en el mercado. Algunas veces hay cosas que son necesarias hacer, por ejemplo que el Estado esté inmerso en el desarrollo institucional de la industria del gas”.

Los empresarios también se sintieron atacados por el aumento de las retenciones a las exportaciones de gas y petróleo, un impuesto que a partir de esta semana se subió un 25% para el crudo, un 10% para el gasoil y un 15% para el gas en garrafas. Esta maniobra del Gobierno le permitirá recaudar 240 millones de dólares adicionales por año, que se destinarán a financiar las obras previstas en el paquete de proyectos creados para enfrentar la crisis energética.

En total las inversiones sumarán 11.149 millones de dólares. Contemplan también la ampliación del gasoducto San martín por parte de la empresa TGS y la terminación de la represa Yacyretá y la central nuclear Atucha II.

Un panorama de incertidumbre

El problema de la crisis energética se ha sumado a otros factores que la administración Kirchner debe resolver: la inseguridad, la pobreza, los piqueteros y la deuda. Como consecuencia de este clima, la imagen y confianza en el Gobierno se ha visto perjudicada. Según la Escuela de Gobierno de la Fundación Di Tella, en abril el índice registró una caída del 15% respecto del mes anterior.

“Tenemos que entender que el sector del gas presenta en este momento un contexto de incertidumbre. Lo que es preocupante es cuál será el desarrollo de la crisis de aquí a 12 meses, período que será una prueba fundamental para el Gobierno en materia de energía porque el problema es en el corto y en el largo plazo”, indica McDermott.

Para el economista Müller el Gobierno no debería descuidar un tema sensible como la energía “porque es difícil de sustituirla. Sobre todo por la vinculación que hay entre el gas y la electricidad, que de hecho esta última no es sustituible. Lo que preocupa además es la pérdida de capacidad de gestión. Si hay problemas con la energía hay que programarlos y trabajar no sólo en lo urgente, sino también en el mediano y largo plazo”.

También los empresarios reflejan su preocupación sobre el presente y el futuro de las condiciones políticas, sociales y económicas en las cuales deben trabajar: “la crisis energética nos genera otra vez la angustia de no saber qué va a pasar con el rumbo del país. Con este Gobierno no se sabe lo que pasa, estamos a la espera porque todavía creo que no tiene definido su rumbo”, concluye Eduardo Valot.