La última reunión de los veinte países más ricos, a finales de junio en Toronto, no ha despejado las dudas sobre cuándo, cómo y dónde se aplicará la polémica tasa sobre el sector financiero. La declaración final del G-20 se ha limitado a reiterar que la banca debe compensar los rescates multimillonarios que los Estados han repercutido a sus contribuyentes, pero da libertad absoluta a cada país para decidir cómo grava a sus entidades. Por lo tanto, el planteamiento es todavía muy difuso y reconoce la existencia de escenarios distintos para que la banca “contribuya de manera justa y sustancial” a su propio rescate.  Las condiciones están tan poco acotadas que el G-20 ni siquiera se ha reafirmado en los plazos que con anterioridad se habían fijado, y que establecían la aplicación de esta tasa global a partir de 2011.

La falta de concreción es un jarro de agua fría para la Unión Europa (UE), que aboga por un acuerdo global y que antes de la reunión de Toronto –entre el 23 y el 27 de junio- ya había anunciado un acuerdo para la imposición de la tasa. Pero como en cumbres anteriores, cuando los países emergentes mostraron su rechazo, la propuesta ha caído en saco roto. La cuestión es si la tasa es justa aplicada bajo el criterio de café para todos y, por otra parte, si es un mecanismo realmente efectivo para devolver a la sociedad una parte del esfuerzo financiero que ha supuesto mantener con vida a los bancos más castigados por la crisis.

“La tasa me parece lógica e interesante, ya que el sector ha generado una burbuja que ha sido la base de la crisis que sufrimos. Lo razonable es que las entidades financieras paguen por sus errores. Pero la tasa tiene que estar orientada a evitar el riesgo sistémico”, dice el director del sector financiero de IE Business School, Manuel Romera. No obstante, teme por un excesivo intervensionismo del sector público. “Hablamos de un asunto que lleva coleando 30 años. Es necesario que el mercado esté regulado y que haya una reglas del juego claras, pero debe ser el sector privado el que lo gestione”.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrente la propuesta es la falta de consenso. Los países emergentes y Canadá, los que menos han sufrido la crisis internacional, se niegan a que sus bancos soporten más obligaciones. Por lo tanto, uno de los mayores riesgos para los países que tomaran la decisión de seguir adelante con la tasa es dejar a su sistema financiero en situación de inferioridad en términos de competitividad frente a los que renuncian a aplicar el impuesto.  En realidad, el fondo de la cuestión es si es justo aplicar la tasa a todos los sistemas financieros, sin distinción entre los sanos y los contaminados. José Vicente Santamaría, profesor de Economía de la Universidad Carlos III, cree que “si se tratara de una especie de tasa de retorno por los anticipos, créditos o subvenciones a fondo perdido que los Estados han otorgado y otorgan a la banca, me parecería correcto”. Y abunda en que “podría introducirse un factor de corrección para no perjudicar a los bancos más eficientes y menos onerosos para las arcas públicas; de tal manera que se aplicase ese principio de que pague más quien más ha recibido”.

En Estados Unidos, incluso el Congreso está siendo poco receptivo a los esfuerzos de Obama para sacar adelante la tasa. La realidad dice que casi todas las entidades han devuelto ya al Estado las ayudas recibidas, con las grandes excepciones de Citigroup y AIG.

Mauro F. Guillén, director del Lauder Institute de Wharton, cree que la iniciativa tiene valor desde el punto de vista político, ya que “todo el mundo quiere que la banca rinda cuentas por su responsabilidad en la crisis económica”. Sin embargo, vislumbra dos riesgos si la tasa sale adelante. El primero es puramente económico: “Aumentaría el coste financiero tanto para las empresas como para los ciudadanos de a pie”. El segundo es de índole moral, ya que Guillén considera que “si el banquero pone parte de su dinero en un fondo se puede creer legitimado a arriesgar más”.

España es uno de los grandes partidarios de que el sector financiero financie futuras crisis. En un escenario en el que el mayor riesgo es que cada Estado europeo haga la guerra por su cuenta, el Gobierno español ha dado las primeras indicaciones de cómo se canalizaría el cobro de esta tasa. Aún no hay ni mucho menos un modelo definido, pero la última novedad es que el Gobierno está barajando la posibilidad de que los bancos aumenten su aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) siempre en relación a los riesgos que asuman esas entidades. Lo que en definitiva propone el Gobierno es que eleven la contribución al Fondo desde el actual 0,01% de los depósitos y que paguen más quienes más riesgos adquieran. Otros pasivos como las emisiones de los bancos y los productos del mercado interbancario también podrían verse afectados por la tasa. El Gobierno cree que el FGD necesita una revisión porque ya no responde a las necesidades de un sistema mucho más complejo, con productos cada vez más sofisticados. Bajo la idea subyace la filosofía general defendida también por países como Reino Unido y Francia de que es el sector financiero el que debe hacer el esfuerzo económico que permita garantizar que se puede financiar el coste de una futura crisis.

Respecto al escepticismo de las propias entidades financieras, que temen que si se llega a un acuerdo sobre la aplicación de la tasa cada país la aplique según su propia interpretación, Romera cree que hay que debatir el papel de los reguladores. “Se nos ha olvidado el papel del regulador. Ha estado demasiado callado y es necesario que esté mucho más presente a la hora de fijar las reglas de juego. Hasta ahora, se ha permitido demasiado juego sucio, ha habido demasiado chivo expiatorio”, asegura. Y añade que “es necesario que haya reguladores supranacionales, porque cada país establece sus propias políticas de control y supervisión a través de sus propios bancos centrales. A día de hoy no se ha conseguido una coordinación real porque no se ha trabajado seriamente en esa dirección”.

Mientras, da la sensación de que Toronto ha dado una importancia relativa a la tasa y se ha centrado sobre todo en poner el foco en el ajuste del gasto público. La reducción del déficit público de los 20 países más ricos es ya un compromiso compartido y con fecha en el calendario: 2013.

El impacto de los tests de estrés

Mientras el debate sobre la tasa continúa, los test de resistencia o test de estrés para evaluar la calidad de los balances y la solvencia de las entidades se han convertido en el gran caballo de batalla con el que la UE quiere dar a los mercados financieros argumentos para tranquilizar a los inversores más desconfiados. El 23 de julio se conocerá el resultado de las pruebas, que se han realizado a más entidades de las previstas inicialmente. Las que se realicen a los 25 mayores bancos no deberían deparar grandes sorpresas. Los resultados de algunos de ellos, como los españoles o los alemanes, ya se han filtrado. Santander y BBVA son, por esté orden, los que mejor parados salen de las pruebas, mientras que los alemanes Deutsche Bank, Commerzbank y BayernLB también han superado el test con éxito.

Pero otra cosa bien distinta es el estado de salud que las pruebas dictaminen para el conjunto de las 91 entidades que van a ser objeto de análisis gracias a la presión ejercida por el Banco Central Europeo y la Comisión Europa. Por lo tanto, se van a someter a la prueba de los bancos centrales un amplio número de bancos medianos y, en el caso concreto de España, también las cajas de ahorros, entidades que dedican parte de sus dividendos a fines sociales y tienen representación política en su seno. El casi centenar de entidades de 20 países representa el 65% del sector bancario de la Unión Europea. España es quien más entidades va a poner a prueba, 27, de las cuales 18 son cajas.

Hay observadores que temen que las cañas se vuelvan lanzas. Es decir, que los mercados acusen el golpe si de las pruebas se deduce que los balances y las cuentas de resultados que hoy conocemos de una buena parte del sector no representan fielmente el impacto de la crisis en las entidades. No se debate si es necesaria esta dosis extra de transparencia, sino sobre las condiciones en la que realiza y hacia dónde debe ir encaminada. “Las pruebas de estrés tienen todo el sentido, se han hecho siempre y cuando más públicas se hagan, mejor. Para mí, eso se llama competir”, asegura Manuel Romera que, no obstante, previene del “riesgo sistémico que esta publicación puede provocar”.

Los precedentes dicen que el impacto puede ser positivo. De momento, la única referencia válida es la de las pruebas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó a sus entidades financieras en plena zozobra por la quiebra de Lehman Brothers. El resultado fue excelente. El test sirvió para que los mercados estadounidenses recuperaran una parte de la estabilidad perdida. ¿A qué se enfrenta España? Descartadas las tensiones en la gran banca, la duda está en el resultado de aquellas entidades sobre las que pesa la sospecha de que han sido duramente golpeadas por la crisis. La mezcla de grandes, medianos y pequeños bancos en los test preocupa a Santamaría. “Utilizando el símil futbolístico, de las entidades españoles que van pasar las pruebas de estrés, unas juegan en la Champions (que disputan los mejores equipos europeos) y otras son de Segunda B (tercer nivel del campeonato nacional español). Habrá que separar a los grandes (bancos) del resto y a las cajas buenas de las contaminadas. Si no se discrimina, será malo para España”. Respecto a las dudas sobre qué pasaría si hay sorpresas negativas, Santamaría distingue en el caso español entre los bancos medianos y las cajas de ahorros. “Son dos mundos distintos. Los bancos pueden fusionarse en cuestión de días si es necesario porque no tiene condicionantes políticos. En cualquier caso, son dos sectores en plena reestructuración”.

En España, añade Santamaría, “la diferencia con lo que ha ocurrido en otros países es que los controles de riesgos son muy sofisticados. En la gran banca no se ha detectado ningún agujero e incluso las entidades han sido muy trasparentes a la hora de comunicar y provisionar los activos inmobiliarios que se han adjudicado desde que empezó la crisis. Ha habido momentos de dificultad puntuales, como el caso Madoff que afectó a Banco Santander, que se han resuelto muy rápidamente”.

No obstante, el debate sube de tono cuando se plantea cuál es el nivel de exigencia y de transparencia de las pruebas. Hay ciertas dudas sobre qué tipo de escenarios ha elegido el supervisor para valorar el estado de salud del sector y, sobre todo, se desconfía de que algunos elementos claves de los resultados no lleguen a la opinión pública. De momento, se sabe que el 23 de julio los datos de cada banco se comunicarán de forma individual. Sin embargo, se desconoce el nivel de detalle que se pondrá a disposición de los mercados. Santamaría es “partidario de que el regulador aplique criterios de transparencia en el sistema financiero de la UE, pero que estos criterios sean conocidos, su metodología avalada por reconocidos expertos y que no entren en colisión con los criterios de  agencias de rating o  los supervisores nacionales”.

Conviene ser prudente porque, como señala Santamaría, la clave está “en si la mayoría de la gente va a dar crédito a los resultados de las pruebas a las 91 entidades. Es decir, si los grandes inversores, la clase política y los líderes de opinión tendrán claro que el diagnóstico es válido. Y para eso las políticas de los supervisores deben ser armonizadas. Con el simple hecho de que se hagan los test, no basta”.

De momento, los escépticos no dejan de plantear dudas sobre la transparencia y por lo tanto la efectividad del proceso. Los medios de comunicación anglosajones han sido muy críticos en las últimas semanas con la operativa que Bruselas ha puesto en marca para la realización de las pruebas. Periódicos como el Wall Street Journal y el Financial Times discrepa del método porque no dice qué medidas se van a tomar con los bancos que no superen el test. Y bajan a lo concreto cuando se preguntan por qué no se ha hecho pública la metodología de las pruebas y qué requisitos deben cumplir, como sí hizo Estados Unidos. La otra gran crítica es que se desconoce cómo se va a medir la exposición de las entidades a la deuda soberana de los países. Dicho de otra forma, creen que los inversores están obligados a hacer un acto de fe mientras crece la sospecha de que las pruebas no van a ser todo lo exigentes que deberían. Muchos se preguntan si se contempla un escenario como el cierre total de los mercados de financiación.

Ganadores y perdedores

“La transparencia es lo que da tranquilidad, porque los mercados están preocupados y quieren saber qué banco está mejor o peor. Hasta ahora, la banca no ha publicado estos datos porque, en el fondo, son una oligarquía encubierta. Además, los reguladores no están unidos y cada banco central europeo tiene sus peculiaridades”, asegura Romera. Conviene recordar que no es la primera vez que los bancos del Viejo Continente se someten a pruebas de estrés. Ya ocurrió en 2009, en plena crisis internacional, pero entonces los resultados del sector se presentaron en bloque, no de forma individualizada como se va a hacer ahora.

Sí parece claro que los mercados van a medir a los bancos con un distinto rasero cuando los test de resistencia sean públicos. En este escenario, los dos grandes españoles tienen mucho que ganar. “Se está midiendo qué nivel de solvencia tienen los bancos, no la liquidez, la calidad de los activos o la bondad de los préstamos per se. En este escenario, Santander y BBVA tienen una gran capacidad para generar beneficios y se han podido autofinanciar durante la crisis, con ampliaciones de capital en el caso de Santander. Pero conviene no olvidar que aunque sus recursos son muchos, la calidad de sus préstamos no es mejor que la de la competencia. Las garantías reales de esos préstamos no son tan buenas”, explica Manuel Romera. Efectivamente, sobre la banca española pesan los casi 100.000 millones de euros de créditos dudosos y una morosidad que está en el nivel más alto de los últimos catorce años. La exposición del sector financiero al negocio de ladrillo es muy importante. Y Santander, el primer banco español, es también la entidad que más activos inmobiliarios se ha adjudicado desde que empezó la crisis. Un dato que demuestra que los problemas son, en mayor o menor medida, para todos.

Por lo tanto, el impacto positivo que genera que las dos entidades sean las mejor valoradas en las pruebas de estrés puede ser cercenado en parte por el hecho de ser españolas en un momento en el que la percepción internacional del país no es la mejor. “Los grandes bancos están muy diversificados porque el 40% de su negocio está fuera de España. Por lo tanto, la mala imagen exterior de España tiene una influencia relativa”, dice Romera. Por su parte, Mauro Guillén considera que “las grandes empresas españolas cada vez se están desacoplando más de la economía del país. Cada vez obtienen una parte mayor de sus beneficios de fuera y en términos de accionariado también dependen cada vez menos de España. Por lo tanto, sus intereses no están alineados con la economía española. Si ésta no soluciona sus problemas, quizás no quieran que se las relacione con España”.

De momento, las bolsas han recogido con significativas subidas las buenas expectativas que generan las pruebas. Y, más concretamente, las cotizaciones de los bancos españoles cuyos resultados en las pruebas de resistencia han sido filtrados, aunque sin detalles. Tras la filtración, durante la última reunión del Consejo Europeo, que sitúa a Santander y BBVA como los dos grandes bancos más solventes de Europa disparó su cotización un más de un 5% y casi un 7%, respectivamente, en apenas dos sesiones. Los mercados festejaron la posición de liderazgo de los dos bancos más importantes del país, líderes de un sector financiero, el español, con un ratio BIS o coeficiente de solvencia del 13,6% frente al 11,9% de la media europea. Conocido el resultado de los test de estrés en los dos bancos españoles, el miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), José Manuel González Páramo, manifestó a los medios que las pruebas son necesarias porque “va a añadir información allí donde ahora mismo todo es rumor y, por tanto, contagio”. Y recordó que algunas entidades muy solventes se han visto obligadas a pagar “primas de financiación enormes por llevar el nombre de un país del Sur de Europa”, en clara referencia a España, muy afectada por el impacto de la crisis de Grecia y Portugal y, en menor medida, Italia.