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Hace pocas semanas se celebró el primero de mayo el día del Trabajo, una festividad internacional que en Brasil está protagonizada por los ya tradicionales mítines de las centrales sindicales CUT (Central Única de los Trabajadores) y Fuerza Sindical. Unos eventos que, juntos, reunieron una audiencia estimada en 2 millones de personas. La relativa calma económica que acompaña al segundo mandato del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva hizo de esta fecha un año de conmemoraciones.

El contingente de trabajadores contratados por el sector privado creció un 4,4% en marzo, en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que significa un aumento de cerca de 363.000 personas. Se trata del 30º mes consecutivo de alza. Por otro lado, conforme al IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), el porcentaje de trabajadores sindicalizados pasó del 16,73%, en 2001, a un 18,35%, en 2005. Todo esto refleja la buena salud del mercado de trabajo y un mayor número de trabajadores contratados formalmente.

Estas cifras tan positivas, sin embargo, no esconden una realidad que es tema de discusión en el Congreso y entre los especialistas en legislación laboral: la necesaria redefinición de las relaciones laborales en Brasil, de forma que no penalice a empleados y empresas y, además, se consiga reducir las preocupantes estadísticas de la informalidad.

“Es necesario tener cuidado con la manera en que la flexibilidad está siendo discutida actualmente, porque ésta quita derechos a los trabajadores. Hay que pensar en una seguridad mínima para ellos”, comenta Fabíola Marques, profesora de Derecho del Trabajo de la PUC/SP (Pontificia Universidad Católica de Sâo Paulo).

Falta de flexibilidad e informalidad

En líneas generales, los puntos defendidos por los especialistas giran en torno al mismo tema y acompañan, de cierta forma, un estudio sobre el mercado de trabajo elaborado a finales del año pasado por el Ipea (Instituto de Investigación Económica Aplicada). El documento, bautizado como “Brasil, el estado de una Nación”, pide menos burocracia en el mercado de trabajo como forma para combatir el desempleo y, principalmente, intentar revertir la trayectoria creciente de la informalidad. A la legislación actual le falta flexibilidad, lo que justifica la falta de inversiones y contrataciones, apunta el estudio. El informe del Ipea muestra que las empresas tienen dificultades en adecuarse a los cambios del mercado, frente a una legislación laboral que impone una serie de condiciones. Entre el conjunto de las medidas necesarias para la adaptación, el estudio pone de manifiesto la necesidad de cambiar la legislación.

El informe destaca “las leyes y negociaciones colectivas muy amplias, a nivel de industrias o sectores, que establecen reglas horizontales válidas para todas las empresas de todos los sectores, reducen la agilidad de las empresas y, a veces, imponen costes que, si soportables para algunas, son severamente restrictivos para muchas otras”. Esa falta de flexibilidad comienza en el mismo momento en que se firma el contrato.

Y es que la legislación laboral brasileña es bastante complicada. Creada en 1943 por el presidente Getúlio Vargas, la CLT (Consolidación de las Leyes Laborales) es un conjunto de leyes que rigen los derechos y deberes de patrones y empleados. Al contrario de lo que acontece en la mayoría de los países, en Brasil, el trabajador tiene derecho a, además del salario percibido mensualmente por los servicios prestados, a una serie de beneficios, como paga extra, vacaciones remuneradas, ayuda en dinero para transporte, alimentación y plan de salud, entre otros. El trabajador también tiene derecho a una cantidad extra pagada por el gobierno en caso de despido sin causa justificada.

Es más, el empleador está obligado a dedicar mensualmente una cuantía que forma el FGTS (Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio). Es un dinero extra que el empleado tiene derecho a recibir al salir de la empresa – mientras más tiempo haya trabajado, más dinero tiene que percibir. Algunos economistas brasileños argumentan que un trabajador cuesta tres veces más para una empresa que el valor registrado en la cartera de trabajo – el documento oficial de un contrato laboral en Brasil. Algunos de ellos, como José Pastore, hablan de un aumento de gravámenes que superaría el 100%. Y en ese pedazo del pastel no constan las obligaciones contractuales básicas que la empresa debe suministrar (los ya citados paga extra, vacaciones, transporte y alimentación).

“Los problemas todavía giran en torno a los impuestos pagados por el contratante, como el INSS (Impuesto Nacional de Servicio Social) y otras contribuciones sociales, que son muy onerosas”, argumenta Fabíola, que también es presidente de la Asociación de Abogados Laborales de São Paulo. En el otro extremo también existen problemas, aunque diez de cada diez especialistas defiendan que la legislación brasileña es totalmente pro-trabajador. Uno de los ejemplos es el descuento del 27% de IR (Impuesto sobre la Renta) que recibe directamente el gobierno, lo que consume buena parte del salario del trabajador.

Reforma tributaria y sindical

Con problemas en los dos frentes, ¿por dónde debería comenzar una verdadera reforma laboral? Según la docente de la PUC/SP, el primer paso a dar no se refiere a una reforma de las leyes del trabajo, sino tributarias. Después de eso, y como objetivo primordial, sería necesaria una reforma sindical. “Antes de la flexibilización de las leyes laborales es preciso cambiar la legislación sindical. Es absurdo que el empleado esté obligado a contribuir económicamente con sindicatos que no luchan por sus intereses. Lo correcto sería que él se afilie por voluntad propia, contribuya y reciba sus beneficios. La realidad actual, sin embargo, es que los sindicatos son creados para recaudar dinero”, critica. Según Fabiola, el actual gobierno no mostró interés alguno en realizar una reforma sindical más profunda. “Las últimas propuestas no cambiaron la situación y dejó en manos de las propias centrales sindicales el poder de abrir sus sindicados, por interés propio”, comenta.

El tercer paso, explica, sería estructurar algunos ajustes en la relación empleado-empresa. “La CLT es la misma para todos los trabajadores y todas las empresas, sean de pequeño porte o una multinacional, y eso es un error. Una idea acertada sería escalonar los derechos del trabajador de acuerdo con el tamaño de la empresa para la que presta servicios”, defiende Fabiola. Otras sugerencias se centran en la jornada de trabajo y la creación de un mecanismo en que las empresas puedan bonificar a los trabajadores sin que ese dinero fuera clasificado como de origen salarial – disminuyendo, así, la incidencia de los impuestos para ambos lados.

Márcio Túlio Viana, profesor de Derecho del Trabajo de la UFMG (Universidad Federal de Minas Gerais), defiende que la flexibilización comenzó hace mucho tiempo, a mediados de la década de los sesenta, con la creación del FGTS o Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio, lo que hizo que la empresa tuviera en sus manos el futuro del trabajador. “En las últimas décadas, con las transformaciones que ha traído la globalización, como las fusiones y adquisiciones de empresas, y un escenario global de desempleo, la tendencia a la flexibilización se confirmó, acompañada de la pérdida de efectividad del trabajador en el mercado”, asegura.

Además, el experto añade que, en lugar de discutirse cambios en la CLT, es necesario combatir la precariedad en las relaciones laborales. Y sostiene que, de manera general, las propuestas de flexibilización acompañan una tendencia de precariedad. “La flexibilización de la actual legislación laboral, de la forma en que es discutida, es ambigua. En realidad, esconde una rigidez en las reglas. Da la impresión de beneficiar al trabajador, pero pasa el poder al lado del más fuerte, que es el del empleador”, comenta. Viana cita un ejemplo: “Años atrás, se llegó a discutir una norma que dice que el contrato del trabajador no puede ser alterado por ninguna de las partes después de suscrito. La idea era flexibilizar para que el patrono pudiera hacer variaciones. El patrono pasa a dictar las reglas y, en un escenario de desempleo alto, el trabajador es vulnerable a sus caprichos”, señala.

Otro ejemplo negativo de la flexibilización tuvo lugar al principio del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), con el intento de aprobación de un proyecto de ley que posibilitara la reducción salarial vía convención colectiva. “Eso es anticonstitucional”, critica Viana.

Temas de discusión sobre la mesa

Las relaciones laborales están siendo tema principal de discusión del gobierno y de la sociedad. Algunas propuestas están siendo debatidas actualmente en el Congreso. Un ejemplo es la del diputado federal Nelson Marquezelli (PTB-SP), que sugiere que los trabajadores puedan optar a recibir su salario bruto y pagar el Impuesto de la Renta y la contribución de la seguridad social por cuenta propia. La propuesta sería una opción para poder administrar directamente los pagos y la aplicación de las contribuciones; todavía hoy está siendo discutida en el Congreso.

Uno de los cambios sugeridos por los parlamentarios es la no-obligatoriedad de que los trabajadores se adhieran a la nueva forma de contratación, ya que eso podría incentivar al empleador a no pagar impuesto ninguno. Otro tema que causa controversia es la llamada “Enmienda 3” que acabó vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el mes pasado. Ésta prohíbe que los auditores fiscales multen y tengan el poder de deshacer personas jurídicas (PJs) cuando se haya constatado que la relación de prestación de servicios con otra empresa es, de verdad, una relación laboral. Según el texto aprobado en el Congreso Nacional, sólo la Justicia del Trabajo tendría ese poder.

En los bastidores de esa discusión se cuece otro tema: la lucha contra la informalidad. “Es una cuestión complicada. En algunos casos, el trabajador consigue ganar mucho más al final de mes prestando servicios como persona jurídica. Al mismo tiempo, él se queda sin los derechos comunes a los compañeros bajo el régimen de la CLT o Consolidación de las Leyes Laborales. Y también se da la paradoja de que él puede procesar a su empleador y exigir derechos que él no tiene en el momento de la rescisión del contrato, lo que es una injusticia en muchos casos”, cuenta Márcio Túlio Viana.

Uno de los proyectos ya aprobados y que promete combatir la informalidad es el llamado Super-Simple, mecanismo que crea un régimen tributario diferenciado para las empresas de menor porte, facilidades a la hora de exportar y en la participación de licitaciones para compras gubernamentales, así como el fin de la burocracia para la apertura, cierre y regularización de las empresas. La expectativa es que la ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, permita la creación o formalización de un millón de empresas y, con eso, la generación de dos a tres millones de empleos formales. “Creo que no habrá grandes cambios para el trabajador, sólo para las empresas”, opina Fabíola Marques.

Para Viana, la reducción de la informalidad pasa necesariamente por la creación y adopción de políticas macroeconómicas que posibiliten la apertura de nuevas posiciones. “En el plan del Derecho, pasa por la creación de instrumentos de sostenibilidad y la reconstrucción del movimiento sindical. Además, la actuación del Ministerio Público también ha sido decisiva”, finaliza.